Especial Salud
Las bajas laborales están a la orden del día en España. De hecho, y según el Observatorio de contingencias comunes 2024 de la mutua Asepeyo, durante el año pasado se acumularon más de 290 millones de días de baja, lo que equivalen a la falta de asistencia al trabajo de casi un millón de trabajadores en 2024. Esto afecta no solo a los trabajadores sino a la productividad de las empresas.
Los motivos de estas bajas se deben a varios factores, entre los que se encuentran el envejecimiento demográfico o la saturación en el sistema sanitario público.
Ahora bien, estas bajas laborales por contingencia común (enfermedad común y accidente no laboral) han crecido un 44,9% entre 2019 y 2024, más del triple que las afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social, que en el mismo periodo se han incrementado solo un 13,3%. Todo esto supone un coste para la Seguridad Social, que ya ha acumulado un gasto de 14.637,36 millones de euros en el año pasado.
La mayor partida de gasto es el subsidio temporal por contingencias comunes, que supone el 91% de las obligaciones. Es decir, la mayor parte del presupuesto se dirige a cubrir las bajas temporales por enfermedades comunes o accidentes que se desarrollan fuera del entorno laboral (o que no están directamente relacionados con la actividad laboral del empleado). Esto incluye desde bajas de corta duración por una gripe, hasta otras de larga duración como las que involucran enfermedades mentales o patologías que implican una ausencia más prolongada del trabajador. El subsidio engloba también los permisos de maternidad y/o paternidad, por el fallecimiento de un familiar o por embarazo de riesgo, entre otros.
La comparativa de los informes de ejecución de la Seguridad Social de los últimos catorce años, tomando como referencia el avance del mes de diciembre, pone en relieve el aumento en el gasto por incapacidad temporal, que ha crecido un 117,5% de 2010 a 2024.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la evolución del gasto en IT está marcada, en gran parte, por el incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social y la subida progresiva de las bases de cotización ligadas al SMI, entre otros factores. Asimismo, durante el Covid-19 se creó una IT específica, con un nivel de protección mayor, y, desde entonces, el gasto en incapacidades ha crecido en la mayoría de países.
Si bien es cierto que las bajas laborales pueden deberse a varios motivos, está habiendo un aumento de las bajas psiquiátricas. El 33,2% de todas las bajas se corresponden con patologías traumatológicas, una tasa que se ha mantenido estable en 2024; mientras que la segunda patología de mayor prevalencia, que es la psiquiátrica, ha aumentado un punto porcentual, hasta el 14,8% del total de casos.
No obstante, es todavía más alarmante el periodo de duración de las bajas. Así, en 2024, cada mes se iniciaron de media 676.022 casos de baja, un 5,3% más que en 2023, de las que 4 de cada 10 duraron hasta tres días, una proporción que sube a casi 7 de cada 10 si se suman las que llegaron a 15 días. Además, el 12% del total llegan a prologarse más de 90 días. Según el observatorio, la duración media de las bajas por contingencia común está en 37,1 días, 3,1 días más que en 2023; mientras que las que superan los 100 días de baja han aumentado. En relación con lo anterior, la baja psiquiátrica es la quinta de mayor duración, con 129 días de media, por detrás de la oncológica (196 días de media), la cardíaca (153 días), la de hombro (149 días) y la de rodilla (137 días).
Las comunidades con mayor incidencia emiten más bajas de corta duración, mientras que las que tienen una menor incidencia es porque se trata de bajas más largas, de forma que en Extremadura la duración media de cada proceso es de 72,7 días, mientras que en Navarra es de 26,6 días.
Toda esta situación está colapsando la atención sanitaria, ya que las listas de espera no paran de crecer y no hay especialistas suficientes para cubrir la demanda. En este contexto, se enmarca el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales para dar mayor protagonismo a las mutuas en las bajas de origen traumatológico, una colaboración que no se ha implementado en ninguna comunidad autónoma.
