Madrid
El coste de las bajas está pulverizando cualquier registro esperado por la Seguridad Social. La cartera que dirige Elma Saiz se ha visto desbordada en plena escalada del absentismo y ha añadido 3.300 millones a la partida presupuestaria estimada para cubrir las prestaciones por incapacidad temporal al tiempo que el desembolso de las bajas laborales aumenta un 21% en cuestión de un año. Tomando como base los Presupuestos prorrogados, el Ejecutivo ha abonado hasta octubre 13.470 millones por incapacidad temporal, la mayor parte enfermedades comunes –absorbe 12.282 millones y es la partida más preocupante–, según los últimos datos disponibles de ejecución presupuestaria.
La evolución que acumula la incapacidad temporal partida durante el presente curso, con un incremento del 18%, ha obligado a la Seguridad Social a ampliar sucesivamente sus previsiones. La última publicación de ejecución presupuestaria mensual –que alcanza hasta octubre– ya maneja un coste estimado que superará los 15.100 millones una vez añadidos otros 3.300 millones al presupuesto inicial de 11.760.
El absentismo provocado por las bajas temporales, una prestación que cubre la Seguridad Social, viene protagonizando una escalda incluso desde antes de la pandemia. El Ejecutivo no ha hecho más que aumentar la partida destinada a la incapacidad temporal, que se ha más que duplicado desde 2018. El crecimiento del 101% de esta factura se traduce en un desembolso extra de 7.600 millones de euros que abren un agujero en las arcas. A ello se le añade el coste para las mutuas. Sumando ambas partidas, rozará este año el récord de 30.000 millones.
La evolución de las bajas por enfermedad común es lo que más preocupa entre el empresariado y las propias mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que dan cobertura a la población trabajadora. Esta partida explica prácticamente todo el incremento del coste de las bajas temporales: han aumentado un 109% en seis años, el equivalente a 7.100 millones más que la Seguridad Social desembolsa cada año.
Bajas más extensas y frecuentes
La incidencia ha aumentado especialmente en los casos de salud mental y, en general, las bajas son de mayor duración: en verano, las mutuas colaboradoras registraron la mayor cota de procesos con duración superior a un año (120.000 casos), cuando antes de la pandemia apenas había 30.000. La tendencia también mira al alza en las enfermedades que afectan a los huesos, los músculos o los ligamentos (enfermedades del sistema osteo-mioarticular). A su vez, también son ocurrentes aquellas causadas por lesiones o envenenamientos.
En la distribución, el sector sociosanitario, la industria o la construcción sufren elevadas tasas de absentismo causadas por las bajas temporales. No es un asunto reciente: la patronal de la distribución y los supermercados (Asedas) ya manifestó su preocupación a José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social.
La colaboración de las mutuas en los procesos de gestión y alta de las enfermedades comunes forma parte del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el año pasado por patronal y sindicatos. El papel de las mutuas se incluyó, posteriormente, en el pacto de pensiones que alcanzó el diálogo social en verano. Las CCAA definirán el papel de las mutuas para aliviar la presión en el sistema público.
Repensando el sistema: reincorporación gradual
El Ministerio de Seguridad Social plantea una reforma del modelo de bajas y de su gestión en una mesa técnica que tiene abierta con los sindicatos y patronales más representativos. Estudia una reforma para implementar la reincorporación gradual del trabajador a su puesto una vez tiene el alta como parte de una reforma de la incapacidad temporal, que dispara el gasto.
No obstante, es una mesa técnica que pasó al segundo plano tras el ruido generado por el concepto de las bajas flexibles que anunció la ministra Saiz. De hecho, es un asunto que está prácticamente paralizado desde hace semanas, ha podido saber elEconomista.es.
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, informó a mitad de octubre sobre la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno. Esta reforma se asentará sobre tres pilares: preservar la salud del trabajador, extender los derechos y mejorar la acción protectora del sistema.
El Gobierno recalcó entonces que será siempre el facultativo del servicio nacional de salud quien decida cuándo dar el alta al trabajador. Sería una vez culminada la fase de incapacidad temporal y, por tanto, la recuperación, cuando el trabajador podría reincorporarse gradualmente a su puesto.
Las condiciones, el detalle y la letra pequeña están por definir por el grupo de expertos y por las aportaciones que puedan realizar la patronal y los sindicatos. A las empresas les preocupa el importante incremento del coste por el absentismo. Los sindicatos ya mostraron su desencanto con el planteamiento inicial del Ejecutivo.
El Gobierno abrió la puerta a hacer compatible la prestación por incapacidad en un determinado porcentaje junto con el salario en la fase de vuelta al trabajo.
El Ministerio trasladó entonces que aquellos procesos de media y larga duración en los que convendría una vuelta al trabajo de forma progresiva. Consideran que sería una opción más efectiva para preservar la salud tras un tratamiento extenso y citan el ejemplo de los tratamientos oncológicos como baja en la que tendrían que dar más garantías para su reincorporación.
