La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha informado a los partidos políticos de que al menos 318 licitaciones quedaron desiertas entre enero y marzo de 2023 y, en consecuencia, no se han podido iniciar obras por un valor de casi 190 millones de euros, según ha asegurado la patronal del sector en un comunicado este lunes.
El informe elaborado por la CNC no recoge datos de Navarra, Cantabria y Murcia, por lo que el número de contratos públicos sin cubrir sería aún mayor, según han apuntado desde la organización y alertan que los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector.
"Nuestro sector requiere estabilidad y certidumbre para no desperdiciar los fondos europeos y lograr los objetivos del Plan de Recuperación", ha subrayado el presidente de la CNC, Pedro Fernández.
"Muchas de las obras financiadas por los fondos Next Generation EU pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades", ha apuntado.
En este contexto, la patronal ha pedido al Gobierno modificar la Ley de Contratos del Sector Público de tal forma que "se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, que daría estabilidad y evitaría parches o soluciones extraordinarias que a la larga no solucionan estos problemas", según la CNC que ya alertó sobre una posible ralentización del sector en febrero este año.
La patronal ha asegurado, además, que "resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos" para evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos, lo cual "podría disparar el número de disoluciones y de concursos de acreedores de empresas constructoras".
Sin embargo, la organización "confía en que el adelanto electoral no impida la aprobación de un sistema para reequilibrar los precios de los contratos", algo que la CNC ha trasladado por carta a los principales partidos políticos.
CCAA y corporaciones locales: las más negligentes
Los ayuntamientos y las diputaciones han sido las administraciones más negligentes a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, según la patronal, que asegura que "abusan en la aplicación del silencio administrativo negativo para no aplicar la revisión de precios".
El informe de CNC refleja que las cifras del primer trimestre respecto a las licitaciones que han quedado desiertas son ligeramente mejores que las del primer trimestre de 2022 (388 obras por valor de 229 millones), aunque siguen siendo muy elevadas como consecuencia de la guerra en Ucrania que disparó las tensiones en los precios de los materiales básicos para la construcción.
La situación actual ha llevado a la patronal a denunciar que "la mala praxis de muchas administraciones está arruinando inversiones esenciales para la vida de los españoles".
Extremadura, Andalucía y Castilla y León: las regiones más afectadas
Por comunidades autónomas, la región más afectada en términos económicos es Extremadura, cuyas 17 licitaciones desiertas suman 84,6 millones, según la CNC. Le sigue Andalucía, con 24 obras sin ofertantes por valor de 24, 8 millones y Castilla y León, con 35 licitaciones desiertas que totalizan 15,2 millones.
Por otra parte, Canarias es la comunidad autónoma que más obras sin licitador tiene (62) por valor de 13,3 millones, mientras Madrid y Cataluña tienen 21 y 28 licitaciones desiertas por 10,7 millones y 8,1 millones, respectivamente.
La licitación más cuantiosa se encuentra en Extremadura, concretamente el Proyecto de Trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, que ascendía a casi 74,5 millones.
La parálisis ha afectado a todo tipo de proyectos de construcción como bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o proyectos simbólicos como el memorial de las víctimas de la represión franquista del cementerio de Paterna, entre otros.
"Los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tienen que saber que aplicar la revisión de precios es imprescindible para ejecutar los fondos europeos y evitar la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos", ha destacado Fernández.
