Consulte la lista con todas las empresas (.pdf) La Comisión ha evaluado 165 decisiones fiscales -tax ruling- concedidas por Gibraltar a diferentes empresas en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, según se informa en el documento de apertura y ampliación del procedimiento de investigación sobre ayudas de Estado a sociedades.
Bruselas manifiesta que tiene dudas sobre si el Reino Unido y las autoridades fiscales de Gibraltar garantizan la existencia de procedimientos de control y de supervisión adecuados con el fin de asegurar una aplicación coherente del sistema fiscal. La Comisión invita al Reino Unido y las autoridades fiscales de Gibraltar para proporcionar evidencias de tal control a posteriori.
Además, la Comisión pide al Reino Unido que explique en qué se basa el esquema de las 165 resoluciones fiscales evaluadas, que considera que en esta etapa constituyen ayudas de Estado, para que puedan ser consideradas compatibles. El Reino Unido se opuso en principio a la publicación de esta lista por razones de confidencialidad.
En el informe, Bruselas entiende que las autoridades fiscales de Gibraltar emiten lo que se conoce como 'tax ruling' (decisiones fiscales) tanto a entidades residentes en Gibraltar como a entidades no residentes aduciendo que los ingresos que perciben estas entidades se derivan de actividades llevadas a cabo fuera del territorio Gibraltareño y por tanto se consideran exentas de tributación en virtud del Principio de Territorialidad aplicado en Gibraltar (solo las rentas generadas en Gibraltar quedaran sujetas en el Peñón), todo ello sin realizar una evaluación adecuada, ni solicitar ningún tipo de documentación.
La Comisión en paralelo decidió de oficio solicitar a Gibraltar los 'tax rulings' otorgados durante 2011, 2012, 2013 y una vez evaluados 165 de ellos, considera que en esta etapa tiene razones para suponer que puesto que el nuevo ITA 2010 regula de manera poco clara como debe llevarse a cabo un 'tax ruling', existe un margen de maniobra muy amplio a las autoridades fiscales gibraltareñas en la forma en la que lo aplican. Por tanto, la Comisión considera que constituye una ayuda de Estado y, por tanto, se extiende su procedimiento de investigación en curso en relación con el (Income Tax Act 2010 - ITA 2010-).
Con esta decisión la Comisión reconoce lo que España venia denunciando desde hace años la falta de compromiso por parte de las autoridades fiscales gibraltareñas en la lucha por erradicar la evasión y la elusión fiscal.
Explica la Comisión Europea, por ejemplo, que en relación con la celebración de las empresas que mantienen como un único activo un yate, la Comisión considera que las autoridades fiscales de Gibraltar deben requerir más información, como el certificado de registro de la embarcación de realizar una evaluación de conformidad con el artículo 11 de ITA 2010, que determina la obligación tributaria.
De no hacerlo, explica la comisión demuestra que las autoridades fiscales de Gibraltar se desvían de sus propias disposiciones fiscales aplicables al conceder una norma impositiva sobre la base de información insuficiente. También hay varios casos relacionados con fideicomisos ubicadas en Gibraltar que están exentos del pago de impuestos de forma sistemática y sin ningún análisis adicional de las autoridades fiscales de Gibraltar y por lo tanto, independientemente del hecho de si la confianza recibido cualquier ingreso que se podría considerar como ingreso gravable en Gibraltar.
