El acuerdo que desde 2015 acompasa el gasto público en medicamentos a la evolución del PIB puede tener los días contados. Este pacto, firmado por primera vez en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, entre los ministerios de Hacienda y Sanidad con la patronal de los laboratorios innovadores, Farmaindustria, se ha renovado desde entonces todos los años por un periodo anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los meses de diciembre, el pacto se renovaba y la firma se llevaba a cabo en estos días.
Sin embargo, este año, a apenas 12 días de la conclusión del acuerdo para 2018, no parece que la renovación llegue a suceder y la postura del Ministerio de Sanidad está más cercana a negociar un tipo de acuerdo diferente. Hoy, la ministra de Sanidad, preguntada sobre el asunto durante su intervención en el Fórum Nueva Economía, no ha querido entrar al detalle en el asunto aunque sí ha reconocido que el acuerdo con Farmaindustria "se tiene que negociar para llegar a un nuevo acuerdo".
Desde Farmaindustria, de momento, esperan una llamada para al menos saber la postura de los responsables ministeriales. Y es que ni la anterior ministra, Carmen Montón, ni la nueva ministra Maria Luisa Carcedo, han llegado a reunirse con los representantes de la industria farmacéutica para abordar este asunto.
Control trimestral del gasto
Los laboratorios farmacéuticos innovadores, a través de su patronal Farmaindustria, firmaron por primera vez este convenio en 2015 con los Ministerios de Hacienda y Sanidad para que el aumento del gasto público farmacéutico no sobrepasara el crecimiento anual del PIB. Para ello, se establece un control trimestral del gasto, con medidas compensatorias o correctoras para no superar el límite. El acuerdo consiste en fijar cada año un techo de gasto adecuado al PIB.
Si el crecimiento del gasto público en fármacos innovadores estuviese por encima del techo fijado, los laboratorios farmacéuticos deben compensar a la Administración de una forma no monetaria que es fijada por la comisión de seguimiento. Si dicho crecimiento está por encima del PIB, las compensaciones serían monetarias. En el caso de que el gasto fuese inferior al techo de gasto fijado, sería la Administración la que compensaría a la industria innovadora. Desde su firma hace tres años, el gasto público en medicamentos no ha superado el crecimiento de la economía española.
Algunos dirigentes del PSOE se ha mostrado en contra de este convenio. Hay que recordar que las regiones adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) están obligadas a suscribir el citado protocolo para seguir teniendo la financiación de Hacienda. Incluso, la anterior ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuando era consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, llegó a afirmar el año pasado que se trataba de "un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades".
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