Sorber y soplar al mismo tiempo es lo que propone el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para impulsar la inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB al final de la próxima legislatura. Si, por un lado, el Ejecutivo plantea aumentar el desembolso público y privado en investigación y desarrollo en ocho décimas del PIB -más de 8.000 millones de euros-, por el otro exige una tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades sobre el resultado contable para sufragar el incremento del gasto público que eliminaría las deducciones y bonificaciones que impedirían alcanzar estos objetivos.
Ayming, un grupo internacional de consultoría de gestión empresarial, ha recordado esta contradicción, una vez que el sector privado necesitaría una gran capacidad de absorción para captar la inversión pública prevista en un marco fiscal que eliminaría, en muchos casos, las deducciones fiscales que disfrutan las multinacionales en I+D+i, lo que "acabaría afectando negativamente al impulso de la innovación privada en nuestro país", reconocen los expertos.
Ayming calcula que estarían en juego deducciones por gasto en I+D+i por valor de 293 millones de euros en la industria farmacéutica, un cálculo resultado de aplicar un porcentaje medio de deducción del 25% -oscilan entre el 12 y el 42%- a un montante de gasto en innovación del sector que en 2018 ascendió a 1.150millones de euros.
En la misma línea, Rafael Legasa, director del Área Incentivos Fiscales de Zabala Innovation Consulting, advierte de que la eliminación de incentivos fiscales por I+D+i aplicadas sobre el impuesto de Sociedades, siendo este sector en la actualidad uno de los mayores beneficiarios de ellas, "podría llevar consigo la posible deslocalización de centros de trabajos a otros países que favorecieran con mejores incentivos financieros o fiscales las actividades de I+D+i". En opinión de este experto, las deducciones a la I+D+i "han demostrado ser un instrumento útil de fomento de la I+D+i. Es necesario dotarles de estabilidad, evitando la inseguridad en su aplicación y garantizando su sostenibilidad".
Atracción de inversiones
La fiscalidad afecta directamente a la atracción de inversiones en la industria farmacéutica, que en todo el mundo supone 130.000 millones de euros al año por los que las filiales de las grandes multinacionales afincadas en España compiten por traerse a nuestro país. Fuentes de Farmaindustria reconocen que, en efecto, existe preocupación en el sector. "Los laboratorios han evaluado las medidas y reconocen que una reforma como la planteada les impactaría de forma importante porque reduciría su capacidad de autofinanciar su esfuerzo en I+D", afirman.
Pero ¿cuántos laboratorios se podrían ver afectados por la imposición de una tributación mínima en Sociedades? Los expertos de Ayming calculan que hay 61 empresas cuyo resultado ordinario antes de impuestos es positivo y que, por lo tanto, se benefician de incentivos fiscales y podrían verse afectadas por el establecimiento de un tipo impositivo mínimo del 15%. No obstante, también señalan que "estas empresas podrían utilizar la monetización de la deducción fiscal si esta última vía no se viese afectada por las nuevas medidas fiscales propuestas".
El marco fiscal es, sin duda, estratégico para disfrutar de una posición competitiva y mantener no solo el esfuerzo inversor, sino también captar nuevos fondos de las matrices internacionales, una de las prioridades de un sector que es ya uno de los motores de la economía española.
En la actualidad los laboratorios cuentan con el Plan Profarma, un instrumento lanzado en 1986 que deberá renovarse en 2020 -fecha en la que finaliza el actual programa- y que permitió a 37 laboratorios reducir las aportaciones por ventas al Sistema Nacional Salud. Ni tan siquiera se trata de una deducción fiscal, ya que incide en la cuenta que están obligados a devolver como consecuencia de la aprobación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios de 2006. Como subraya Rafael Legasa, "el Plan Profarma no ofrece ayudas directas a las empresas solicitantes, pero puede otorgar una minoración de las aportaciones que las empresas deben hacer al Sistema Nacional de Salud en función de los resultados de la evaluación".
Clasificación de las empresas
La Ley de 2006 establece que las empresas que vendan medicamentos dispensados con receta médica, financiados con fondos públicos, deben aportar al sistema público un 1,5 o 2% de sus ventas, según sean inferiores o no a 3 millones de euros. La minoración de las aportaciones depende de la clasificación que reciban las empresas en Profarma, que serán clasificadas en las categorías de aceptables (5% de reducción), buenas (10%), muy buenas (15%) o excelentes (25%), pudiéndose beneficiar de una reducción de un 10% adicional por la participación en consorcios de I+D básica y preclínica con centros públicos o privados, según explican fuentes de la consultora Zabala Innovation Consulting. "En la actualidad este tipo de financiación es vital para las empresas ya que las clasifica en categorías en función de la puntuación recibida. Las empresas que no alcancen la puntuación mínima establecida para ser calificadas serán consideradas como no valoradas", explica Legasa.
Este experto también advierte de que "la posible eliminación o modificación de este Plan produciría un replanteamiento en el sector". No obstante, también recuerda que "estas perspectivas alarmistas quisieron ser alejadas recientemente por la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien destacó la importancia de este Plan y avanzó que el objetivo de la inversión sanitaria alcance el 7% del PIB en 2023. Esto lleva consigo asegurar que existirá un siguiente Plan después de 2020", concluye este experto.
