Salud

El Gobierno baja a dos años el convenio de Muface y subleva a las aseguradoras

  • Las multinacionales que suscriban tienen que imputar las pérdidas el primer año
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A medida que pasan los días transcienden más aspectos del nuevo convenio de mutualismo para España. Si bien aún no se conocen los pormenores económicos (presupuestos generales, primas, etc.) el Gobierno sí que ha trasladado a las aseguradoras un cambio que es sustancial: el próximo contrato tendrá una duración de dos años en lugar de los tres actuales. La reducción en la extensión, según fuentes del sector asegurador, es negativa para las empresas en términos de rédito económico, ya que el recorrido del incremento de las primas es menor.

Si estas primeras palabras del Gobierno a las compañías no han relajado el clima de rechazo que ya existía por las pérdidas que ha generado el último contrato que expira el 31 de diciembre, hay otro aspecto que causa pánico en algunas firmas. Las nuevas legislaciones europeas obligan a las empresas que sean multinacionales a imputar todas las pérdidas de un contrato plurianual que ya causó un agujero en el pasado en el primer año, algo que para empresas como DKV podría significar la puntilla definitiva para decir no al nuevo convenio.

Con todo, aún resta la parte fundamental del nuevo convenio, que estará vigente los años 2025 y 2026: cuánto pagará el Estado por cada funcionario suscrito a Muface (o Mugeju o Isfas). Lo que sí es un hecho también es que el informe técnico e independiente que debía estar listo antes de este verano y que iba a establecer lo que vale el sistema mutualista en España no estará publicado antes de la renovación del contrato. Corría el mes de diciembre de 2022 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez encargó a la AIReF un estudio sobre Muface donde se debía establecer las reglas para presupuestar el próximo convenio. Sin embargo, la Autoridad Fiscal decidió externalizar el trabajo y lo sacó a concurso público. Según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, el pasado 18 de febrero se resolvió el proceso y los seleccionados fueron la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, por una cantidad que asciende a 328.103,6 euros.

Fuentes cercanas a la renovación del convenio aseguran a este medio que estas dos entidades no culminarán el trabajo a tiempo. Se esperaba cuando se concedió el contrato que el informe estuviera listo entre los meses de septiembre y octubre, pero ahora ya se asegura que no verá la luz antes del mes de diciembre. Es decir, el Gobierno establecerá un presupuesto para el siguiente convenio sin un árbitro que vele también por las pérdidas recurrentes en las que han caído las tres compañías que sostienen el modelo: Adeslas, Asisa y DKV.

Subidas del 50%

Las aseguradoras tienen claro que la inversión del Gobierno tiene que subir drásticamente, según trasladan fuentes cercanas a las conversaciones. "Aceptamos una rebaja del 20% sobre el gasto per cápita público, pero no menos porque entonces no es sostenible", explican. Además, quieren evitar que se trate de un parche puntual. "Sería bueno indexar las primas al indicador mencionado", añaden.

El último dato oficial disponible sobre el gasto per cápita público, correspondiente al año 2022, es de 1.674 euros (excluyendo el gasto farmacéutico). Según explican las fuentes de las aseguradoras, las primas que paga el Estado por cada funcionario afiliado rondan los 900 euros, por lo que una rebaja en el entorno del 20% sobre el último dato de gasto sanitario per cápita significa incrementar la prima un 50%, hasta los 1.350 euros. En cifras globales, supondría inyectar al sistema del mutualismo unos 1.800 millones de euros.

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