El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el 23 de julio, lo que implica la disolución de las Cortes Generales. La decisión, más allá de las connotaciones políticas, deja en el aire las dos grandes reformas legislativas que atañen a la sanidad y que se esperaba que viesen la luz antes de final de legislatura, previsto en principio para el mes de noviembre o diciembre.
La primera de ellas era la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, que además de blindar la derogación de copagos, tenía previsto poner coto a la actividad de las empresas de sanidad privada con las comunidades autónomas. El texto, que vivía en un periodo de ampliación de enmiendas eterno antes de su paso por la Comisión de Sanidad, preveía que solo en "casos excepcionales" se pudieran establecer conciertos con las empresas, priorizando de esta forma la gestión pública directa de todo el sistema sanitario.
Con la decisión de Sánchez, este texto legislativo se convierte en un muerto viviente, ya que contaba con la oposición de la derecha parlamentaria. Si el PSOE y sus socios no consiguen revalidar gobierno, la Ley se convertirá en una promesa incumplida del Gobierno de coalición, ya que era una de las premisas que aparecieron en el acuerdo de legislatura firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Pero no es la única reforma sanitaria que quedará en el aire. El otro compromiso del actual ejecutivo era realizar una reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento para mejorar el acceso de los nuevos tratamientos al tiempo que se mejoraban las condiciones económicas de los fármacos considerados por la Agencia del Medicamento como estratégicos, la mayoría maduros. Esta reforma, además, estaba ligada al Plan de la Industria Farmacéutica, estrategia que contaba, de culminarse, con una inversión de las empresas del sector de 8.000 millones de euros.
La reforma de la ley se dejó en el aire hace unos meses, precisamente, por la falta de tiempo para acometerla unido al atasco legislativo que había en las Cortes Generales. En su lugar, se encargó a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Sanidad dos Reales Decreto-Ley que, al menos, solventasen en parte los problemas actuales, donde las nuevas terapias superan los 600 días en llegar a España al tiempo que muchos de los medicamentos maduros se encontraban en el umbral de la rentabilidad.
El responsable del área, César Hernández, aseguró a este medio que llegarían a la fase de consulta pública durante el mes de mayo, pero a falta de un par de días para que acabe el mes no ha vuelto a haber noticias de los mismos. De ellos, en realidad de la estrategia al completo (que también incluye mejoras en el sistema de ensayos clínicos, por ejemplo), dependen la inversión de los 8.000 millones. Si España no mueve ficha, es posible que muchas de las multinacionales decidan llevarse el dinero a otro país.
