El responsable de la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni, en Arrasate/Mondragón (País Vasco), Iñaki Madariaga Zamalloa, ha asegurado que "si hay alguien socialmente desfavorecido, son los enfermos mentales que están en las cárceles" y que no es lo que procede en el siglo XXI.
En profundidad
Así lo ha manifestado este jueves en la mesa 'Trastorno mental grave en el ámbito penal: retos y realidades del modelo de atención sanitaria y judicial' en el marco de la I Jornada de Salut Mental Penitenciaria que se celebra este jueves y viernes y que ha sido impulsada por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
El psiquiatra ha lamentado que la atención a las personas con enfermedades mentales que están internadas en instituciones penitenciarias "no es especialmente favorable" y que en el conjunto del Estado hay aproximadamente 59.000 reos en esta situación.
De estos, un 7% --unas 4.000 personas-- "tiene una enfermedad psiquiátrica grave", según el profesional, que ha dicho que quedan excluidos de este porcentaje los trastornos ansiosos depresivos más leves o el consumo de tóxicos.
El psiquiatra ha explicado que la Unidad de Psiquiatría Legal que dirige acoge en un entorno hospitalario a personas con enfermedades mentales graves que, en el contexto de la patología que sufren, se han visto involucradas en actos delictivos de relevancia, por lo que deben de cumplir una medida de seguridad dictada en una sentencia judicial.
Esta unidad especializada, que nació hace 12 años y cuenta con 20 camas, permite atender a personas que hasta entonces cumplían estas penas en prisión, un entorno en el que no podían recibir la asistencia médica adecuada.
Si se logra la estabilización clínica, aunque continúen cumpliendo con una medida de seguridad, pueden pasar a una "unidad psiquiátrica más convencional", pero si al finalizar la medida de seguridad siguen inestables, se solicita su internamiento civil.
"Nunca han entrado las fuerzas de la policía autónoma vasca, ni hemos requerido sus servicios", ha dicho el psiquiatra, que ha añadido que los pacientes siguen las órdenes del personal de enfermería de esta unidad hospitalaria.
Más detalles
En la misma mesa, que ha sido moderada por la psiquiatra de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) del Centre Penitenciari Brians 1 (Barcelona), Silvia Ramírez, también ha participado la fiscal del Servicio de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Susana López.
La fiscal ha explicado que las penas no son las únicas consecuencias jurídicas de un delito y que las medidas de seguridad constituyen la otra cara de un sistema de respuesta a las infracciones penales, aunque su aparición es mucho más reciente que la de las penas de prisión.
En este sentido, ha definido las medidas de seguridad como la consecuencia jurídica del delito a través de la cual se busca "la curación o inocuización" de las personas que han cometido un hecho delictivo y que presentan un nivel elevado de peligrosidad criminal.
Estas medidas pueden ser privativas o no privativas de libertad, y, entre las primeras, ha enumerado el internamiento psiquiátrico, el internamiento en un centro educativo especial o el internamiento en un centro de deshabituación.
Los penados a los que se les puede imponer una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico son aquellos que han sido declarados exentos de responsabilidad criminal y que necesitan de esta medida para recibir un tratamiento médico adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que presenten.
En España, ha explicado, solo existen 3 unidades psiquiátricas penitenciarias: en Alicante, en Sevilla, y en Catalunya, donde se encuentra la UHPP de Brians 1.
Sobre esta última el defensor del pueblo realizó una serie de recomendaciones y sugerencias el año pasado, entre ellas, según la fiscal, que debería ubicarse fuera del recinto de la prisión, pues debería primar su carácter asistencial.
La fiscal ha puesto como ejemplo el caso de un hombre que mató a su hermano y que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Barcelona como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía.
En este caso, los médicos forenses que asistieron al procesado determinaron que sufría una esquizofrenia paranoide y que existía riesgo de reincidencia si se optaba por un tratamiento ambulatorio, por lo que propusieron al tribunal que se le internase en una unidad cerrada de contención en un centro penitenciario psiquiátrico.
En el fallo de la sentencia, el tribunal absolvió al procesado del delito de asesinato con alevosía, apreciando la eximente completa de alteración psíquica, y le impuso una medida de seguridad de internamiento en centro cerrado con un plazo de 20 años y un día.
La fiscal ha concluido que "los que saben de enfermedades mentales son los médicos y no los juristas, y que en este tema entran en juego dos sensibilidades que se han de conjugar: la asistencial y la psiquiátrica" y ha añadido que, en ocasiones, lo que médicamente es mejor, a veces legalmente no puede ser aplicado, en sus palabras textuales.
A tener en cuenta
En esta mesa también ha participado el médico forense del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLC), Luis María Planchat, uno de los facultativos que asesora a jueces, tribunales y ministerio fiscal.
A petición del juzgado de vigilancia penitenciaria realizan informes que después se elevan al tribunal sentenciador sobre el estado de salud, el grado de autonomía funcional y la peligrosidad de una persona.
También, sobre si padece una patología grave e incurable sobre la que una estancia en prisión podría incidir desfavorablemente, reduciendo su esperanza de vida, o si sufre una patología mental que le impide entender el sentido de la pena.
Para ello, realizan una exploración transversal, que consiste en una entrevista clínica, el "pilar fundamental, tanto en la medicina forense y en la psiquiatría forense", así como la consulta de documentación.