El próximo 29 de septiembre vence el plazo dado por el presidente Donald Trump a las principales multinacionales farmacéuticas para recortar sus precios. Si no lo hacen, advirtió el mandatario de Estados Unidos en una carta remitida a los CEO de 17 compañías, el pasado 31 de julio, "desplegará todas las herramientas de nuestro arsenal para proteger a los estadounidenses de las prácticas abusivas en la fijación de precios".
Esta presión regulatoria de EE.UU., unida a una subida de aranceles sobre los medicamentos europeos que podrían escalar hasta el 150%, y que ya ha provocado relocalizaciones de inversión por valor de 291.000 millones de euros, según Bloomberg, amenaza con provocar "una escalada de precios en los países donde el precio ahora es inferior a los EE.UU.", según teme el secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla. Preocupa su impacto en una partida de gasto que es una de las más altas del presupuesto sanitario. Casi uno de cada cuatro euros invertidos por España en la sanidad pública (97.661 millones de euros en 2023) se destina a fármacos (23.000 millones).
Las multinacionales en España consultadas se remiten hasta la fecha al comunicado de la patronal de la industria farmacéutica europea Efpia para valorar el impacto de la nueva política de precios de la administración republicana, pero observan con alarma la onda expansiva de esta política y los recientes movimientos de algunas empresas que están en la diana de Trump.
Tres de las 17 multinacionales que recibieron la carta presidencial, Novo Nordisk, Lilly y Pfizer, han incidido en sus precios para adaptarse a las nuevas reglas de Washington. En los dos primeros casos, han anunciado una profunda revisión de tarifas de sus terapias estrella contra la diabetes y la obesidad, mientras que Pfizer ha optado por establecer un mecanismo de venta directa de una de sus terapias para ofrecer un fuerte descuento a los pacientes de Estados Unidos, una estrategia que también han seguido los fabricantes de los adelgazantes.
Si la estadounidense Lilly anunció un alza en el Reino Unido del 170% del precio de lista de Mounjaro (de 141 a 381 euros en su dosis más alta), su inyección para la diabetes y perder peso, la danesa, y competidora en este mercado, respondió el 18 de agosto bajando el antidiabético Ozempic en EE.UU. Los pacientes sin cobertura sanitaria pública en aquel país podrán obtener así este tratamiento, que comparte el mismo principio activo que su adelgazante Wegovy, a la mitad de precio, a 428 euros al mes (499 dólares). La compañía podría ofrecer, además, ambas terapias al mismo precio en las farmacias de todo el país.
A pesar de este cambio brusco en los precios, las tarifas vigentes en las farmacias en España siguen estando por debajo en el caso de los tratamientos de Novo Nordisk. La venta libre con receta médica, por ejemplo, de Wegovy asciende así a 179,89 euros PVP+IVA en su solución inyectable de 0,25 miligramos, que se eleva a 232 y 271 en sus presentaciones de 1,7 y 2,4 miligramos, respectivamente. En el caso del antidiabético Ozempic, que se encuentra en la actualidad con problemas de suministro en el mercado español, el precio de sus distintas presentaciones es de 128,15 euros. Diferente es el caso de Mounjaro, cuya dosis de 12,5 miligramos apunta un precio de 446 euros, que se reduce a 358 euros en las presentaciones de 7,5 y 10 miligramos.
Las farmacéuticas están cediendo así ante la agresiva diplomacia de la Casa Blanca. Lilly, que cuenta con una fuerte presencia industrial en España, asume el discurso de Trump al defender la necesidad de "compartir de forma más justa los costes de la investigación médica innovadora entre los países desarrollados" y justificar su subida de precios. Para la farmacéutica, este reequilibrio "implica que los precios de los medicamentos que pagan los gobiernos y los sistemas de salud deben aumentar en otros mercados desarrollados, como Europa, para que sean más bajos en Estados Unidos".
"Precio público internacional"
El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Puig-Junoy, cree que la tendencia en los nuevos lanzamientos de medicamentos será "hacia un precio público internacional más homogéneo a nivel internacional", donde los países de menor renta, no solo países de baja renta, según precisa, "pagarán un precio más elevado".
Una consecuencia apuntada por este experto a elEconomista será el aumento de las dificultades de acceso en países de renta media y baja. " A corto plazo, vista la elevada incertidumbre y "volatilidad" de las decisiones del gobierno de EEUU, habrá empresas que van a preferir retrasar la entrada en países europeos de precio tradicionalmente algo más bajo", afirma.
Venta directa al consumidor
Estos anuncios en los precios también tienen serias contraindicaciones en el suministro y acceso a los tratamientos. Lilly confirmó la semana pasada la suspensión temporal de los pedidos de Mounjaro en el Reino Unido, debido al acaparamiento de tratamientos ante su plan de elevar precios. Desde este pasado lunes, la farmacéutica reanudó el suministro.
Las farmacéuticas también han optado por la venta directa de sus medicamentos al consumidor, una posibilidad abierta por el propio Trump. Desde el 8 de septiembre, Pfizer ofrecerá a los pacientes estadounidenses con receta de Eliquis que no dispongan de seguro médico, sea insuficiente o que pagan por cuenta propia, la compra del anticoagulante a través de un servicio en línea para beneficiarse de un descuento de más del 40 % sobre el precio de lista actual. Se trata de una plataforma lanzada por Pfizer junto con su socio Bristol Myers Squibb.
Otras compañías como Lilly o Novo Nordisk también han abierto línea directa para que los pacientes que pagan en efectivo accedan directamente a sus medicamentos para bajar peso.
Farmaindustria no se plantea esta fórmula de suministro, que implicaría cambios legales en la regulación farmacéutica, y su objetivo es, según subraya, cumplir los plazos de máximo de 180 días para la decisión de precio y financiación y de 90 días para los casos de acceso temprano.
Puig-Junoy considera que la nueva política de la Casa Blanca acentuará "la reducción progresiva de la transparencia de precios oficiales o públicos mediante descuentos y acuerdos privados, y, en ciertos casos, esto favorecerá también los acuerdos privados no sólo de precio-volumen sino las diversas formas de acuerdos de riesgo compartido".
Javier Padilla también subraya este impacto en la transparencia de los precios de los fármacos. "Si EEUU quiere fijar su precio en base a los precios que publican otros países, lo más inmediato es pensar que esos países puedan generar un sistema de precios con varias capas en el cual el precio público (y publicado) no sea real, sino que luego se vea sometido a un sinfín de descuentos que equilibre la disponibilidad a pagar del país en cuestión con la necesidad de aparentar otra cosa de cara a la escena internacional", alerta en su cuenta del canal Substack.
Reparto menos proporcional a la renta
Para Puig-Junoy, "estamos ante un problema distributivo", que explica así: "La teoría económica indica que la solución óptima para el reparto óptimo (el que maximiza el bienestar a nivel global) de los costes fijos y hundidos de una inversión (la I+D internacional en este caso de la industria biofarmacéutica) sería aquella política de precios en la que los países con mayor disponibilidad a pagar (y mayor renta) pagan una parte más importante de los costes de la I+D (o sea, precios más elevados de los medicamentos)". "Si el grado de homogeneización de los precios de los medicamentos aumenta -continúa este experto- ello equivale a una contribución a financiar los costes de la I+D mucho menos proporcional a la renta, con la consiguientes dificultades de acceso para los países menos ricos (y más para los de renta baja)".
Brecha de precios que cuadruplica las tarifas en EEUU
El ultimátum de Trump para aplicar el sistema de precios de medicamentos de "nación más favorecida" busca igualar los precios de los fármacos recetados en EE.UU. con los precios más bajos de otros países desarrollados. El Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de la Ley de Reducción de la Inflación otorga al ejecutivo estadounidense poder para imponer recortes en las tarifas de hasta el 80% en los medicamentos más vendidos. La ofensiva del presidente se apoya en la brecha de precios entre EE.UU. y Europa, donde también existen grandes diferencias entre países, además del peso del mercado americano en los ingresos de las compañías, que concentra el 54,8% de las ventas mundiales de medicamentos, según datos de Efpia. Los precios en EE.UU. serían 2,78 veces mayores que los de otros 33 países desarrollados, según un análisis de 2022 de la consultora Rand. Si solo se centra la comparación en los fármacos de marca, los precios americanos son, de media, cuatro veces mayores.
Para Javier Padilla, los elevados precios de Estados Unidos hacen que los medicamentos innovadores "lleguen pronto y a un precio desorbitado para una parte muy reducida de la población, mientras que no lleguen (ni pronto ni tarde, nunca) para otra parte especialmente vulnerable, clínica y socialmente".