Madrid
El pasado 8 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de los medicamentos. Uno de los puntos que contiene es la modificación de la disposición adicional sexta, que recoge la aportación económica de la industria farmacéutica y de productos sanitarios al Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, solo afectaba a la facturación de los medicamentos que se dispensaban en oficina de farmacia, pero ahora se amplía a los tratamientos hospitalarios.
No obstante, recoge una serie de exenciones. Una de ellas afecta a los medicamentos genéricos y biosimilares. Los fármacos sin patente que salgan al mercado a partir de la aprobación de la normativa no tendrán que dar dicha aportación al Ministerio de Sanidad durante los dos primeros años que se comercialicen. También quedan exentos aquellos "que marquen el precio más bajo dentro de una agrupación homogénea", reza el texto.
En el redactado actual de la ley, las farmacéuticas tienen la obligación de retornar el 1,5% de la facturación que obtienen cada cuatro meses por los medicamentos que se venden en las farmacias con receta médica. Este porcentaje grava las ventas de hasta tres millones pero, si supera esta cantidad económica, deben entregar el 2%. Con todo, a las farmacéuticas se les da la posibilidad de reducir estos importes si realizan inversiones dentro de España.
La normativa también recoge el Plan Profarma. El último tuvo lugar en 2022 y ahora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo quiere recuperarlo. De hecho, esta iniciativa también forma parte del Plan de la Industria Farmacéutica.
Se trata de un programa que ofrece una reducción en estas aportaciones que las farmacéuticas deben hacer al Sistema Nacional de Salud de acuerdo con lo establecido en la actual Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Aquellas empresas clasificadas "como muy buenas o excelentes podrán beneficiarse de una minoración adicional de un 10% de la aportación", plasma el borrador del anteproyecto.
Asimismo, el anteproyecto de ley indica que los productos sanitarios que se venden en farmacia y requieren de una receta también tendrán que dar una parte de sus ventas al departamento de Mónica García. Quedan exentas las compañías que comercialicen su tecnología sanitaria en los centros hospitalarios, ya que la mayoría – por no decir en su totalidad – se comercializan a través de concursos públicos a los que se adhieren. No obstante, el desarrollo e introducción del Plan Protech – iniciativa también recogida en este texto – permitirá reducir dicha aportación.
Cabe mencionar que, hoy en día, el dinero percibido se destina a la investigación clínica, financiación de políticas de cohesión y educación sanitaria para favorecer el uso racional del medicamento, entre otros objetivos, tal y como plasma la normativa actual.
El anteproyecto de ley se encuentra en Audiencia Pública. Los agentes afectados pueden presentar alegaciones hasta el 30 de abril. Después, el Ministerio de Sanidad deberá recogerlas y plasmarlas en el texto. Posteriormente irá al Parlamento. Cabe decir que se está tramitando por la vía urgente debido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según justificó el Ministerio de Sanidad.