Nunca una propuesta de Sanidad había suscitado un rechazo tan unánime del sector que pretende regular. Farmaindustria, Aeseg y Biosim, que representan a los laboratorios de medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares, respectivamente, además de la patronal de la distribución farmacéutica Fedifar y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, firman un nuevo posicionamiento conjunto contra el "radical cambio de modelo de precios" incluido en el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios aprobado este martes por el Gobierno.
Laboratorios, distribuidores y farmacias unen así fuerzas para advertir de los riesgos potenciales sobre las empresas, el empleo, la balanza comercial o los pacientes del nuevo sistema de regulación de precios de los medicamentos fuera de patente.
En un comunicado conjunto de las cuatro patronales junto con el consejo profesional de farmacéuticos, piden la eliminación de la regulación del sistema de precios seleccionados del Anteproyecto de Ley y que se acuerden las reformas con el sector y el resto de agentes de la cadena en el seno del Comité Mixto, ente creado para tal fin en el marco de la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por el Gobierno.
Será una de las alegaciones que el Ministerio de Sanidad tendrá encima de la mesa de cara a la tramitación por vía de urgencia del controvertido anteproyecto, que ha abierto un periodo de audiencia pública hasta el próximo 30 de abril.
Ofertas 'ciegas' de las compañías
El sistema de precios seleccionados propuesto por Sanidad "provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país y supondría una reducción de farmacias con el consiguiente impacto sobre los pacientes". El polémico modelo de precios consiste en establecer cada seis meses unos precios para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles "con base en las ofertas 'ciegas' de las compañías", según señalan.
De esta manera habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados que cambiaría cada seis meses.
La consecuencia de este sistema de precios sería "una bajada continua y acusada de precios, precisamente en el mercado con menores márgenes de rentabilidad, como es el de los medicamentos fuera de patente". También advierten que el sistema no incluye reglas específicas que permitan garantizar la permanencia de los medicamentos fuera de patente dentro de la financiación completa. "Este sistema supondría un radical cambio de modelo, con consecuencias muy negativas que no han sido suficientemente valoradas al redactar el Anteproyecto", aseguran.
Las entidades firmantes consideran además que la norma ataca el concepto de autonomía estratégica abierta, un objetivo fundamental del Gobierno y de la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada en diciembre. Destacan así que conllevaría un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía.
Entre otros efectos sobre la industria fabricante de medicamentos, achacan que se trata de un modelo poco predecible y volátil que generaría un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre económica para las compañías, con el consecuente impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento en España.
Además, sostienen que la primacía del precio sobre cualquier otra consideración daría "ventaja a operadores de oportunidad que no tienen capacidad ni voluntad de suministrar de forma estable el mercado a largo plazo". Por ello, el modelo propuesto pondría en peligro el tejido productivo en España, que cuenta con 106 plantas de producción de medicamentos de uso humano, muchas de ellas de pymes.
Impacto en la balanza comercial
Un efecto directo de esta destrucción de tejido industrial sería el deterioro de la balanza comercial como resultado del hundimiento de las exportaciones españolas de medicamentos, que superaron los 21.000 millones de euros en 2023 y el aumento de las importaciones extracomunitarias.
La industria farmacéutica recuerda que la propuesta de Sanidad llega en un momento "tenso" de contexto internacional marcado por la inflación derivada de la guerra de Ucrania, la incertidumbre por la revisión de la legislación farmacéutica europea y las nuevas regulaciones medioambientales o la imposición de aranceles de Estados Unidos.
Entre otros efectos negativos, subrayan el escenario cambiante de precios cada seis meses, que imposibilita planificar la producción y diversificar los proveedores, con la consiguiente pérdida de empleo. "Optar por los productos más baratos generaría ahorros públicos a corto plazo, pero la destrucción de tejido productivo mermaría la capacidad de crecimiento económico en forma de actividad productiva y empleo cualificado", concluyen.
Problemas de desabastecimiento
Por el lado de la distribución farmacéutica, Fedifar cree que el nuevo modelo "agravará los problemas de desabastecimiento actuales en un mercado ya muy tensionado", al reducir el número de laboratorios ofertantes.
Otra implicación que la revisión constante de precios tendrá sobre el sector será la dificultad de prever la demanda y los niveles de stock de medicamentos, lo que pondrá en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos.
Además, prevén que desincentivará la comercialización en España de medicamentos con suministro limitado en favor de países de la UE con precios más altos, lo que fomentará las exportaciones paralelas y los problemas adicionales de suministro, así como una mayor dependencia de proveedores externos de la UE. Denuncian, además, que España se convertirá en un "país oportunista" con alta incertidumbre en los volúmenes de comercialización a precios muy bajos.
Por último, los farmacéuticos avisan que la fluctuación de precios tendrá un impacto no solo en la red de oficinas de farmacia y el empleo, especialmente en entornos rurales, sino también en la adherencia a los tratamientos y el incremento de riesgo de errores de los pacientes y problemas asociados al uso de los medicamentos, como resultado del cambio de tratamientos provocado por el cambio de precios.