Madrid
La nueva directiva de aguas residuales urbanas está generando un gran revuelo en la industria farmacéutica. Diez laboratorios de genéricos han decidido tomar acciones legales contra las autoridades. En concreto, Accord, Adamed, Fresenius, Polpharma, Sandoz, Stada, Teva, Viatris, Zentiva y la española Insud Pharma, según ha afirmado Medicines for Europe, la patronal europea.
Medicines for Europe ha apuntado que esta normativa "afecta particularmente a los genéricos porque no pueden ajustar libremente los precios para compensar nuevos costos". Las compañías han llevado a cabo esta denuncia por varios motivos. En primer lugar, creen que la directiva es "desproporcionada" porque aplicará tarifas enormes a medicamentos baratos y no actuará como incentivo para hacerlos ecológicos, según la patronal.
En segundo lugar, piensan que es "discriminatoria" porque "solo se aplica a dos sectores sin ninguna evidencia que hayamos podido ver". También, "es contrario a la agenda de competitividad y simplificación de la UE porque crea burocracia, complejidad e incertidumbre innecesarias y se basa en una evaluación de impacto defectuosa".
Por otra parte, tanto la patronal como las farmacéuticas han indicado que tendrá un gran impacto en los pacientes y los sistemas sanitarios, que "perderán los medicamentos que más necesitan". De hecho, Medicines for Europe ha dado varios ejemplos como la metformina, un tratamiento que utilizan el 50% de los pacientes con diabetes. Su costo se incrementará un 875%. También el de la amoxicilina puede aumentar un 368% y el de la levetiracetam (para la epilepsia) un 321%.
La normativa, publicada el 12 de diciembre de 2024, está diseñada para avanzar hacia la neutralidad climática en 2050 a través de un reglamento que actualiza los estándares sobre la gestión y tratamiento de las aguas residuales.
Desde la Unión Europea han apuntado que los responsables de la contaminación de las aguas residuales serán obligados a pagar la limpieza de estas mismas. Este es el punto que provoca el conflicto entre las administraciones europeas y la industria farmacéutica. A pesar de que sí están de acuerdo con que pague el que contamina, discrepan que ellos hayan sido los principales responsables. Y es que, se les atribuye el 90% de la responsabilidad de los microcontaminantes en las aguas residuales, sin mostrar la metodología empleada para llegar a esta conclusión.
Se llevará a cabo tres pasos. Para 2025, estas aguas tendrán que someterse a un proceso antes de verterlas al medioambiente. Después, para 2039, se realizará un tratamiento terciario en el que se eliminará el nitrógeno y fósforo; y en 2045, se pedirá acabar con los microcontaminantes. Asimismo, su implementación es un proceso largo y complejo. Así, los Estados miembros de la UE tienen un plazo para adaptar sus leyes nacionales a los requisitos de la nueva directiva, que termina el 31 de julio de 2027.
Las diez compañías no son las únicas que han tomado acciones legales. También, la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) ha mostrado su intención de impugnar esta normativa ante el Tribunal General de la UE para obtener mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo al sector farmacéutico y cosmético en el tratamiento de aguas residuales urbanas de Europa "contradice los principios clave de los Tratados de la UE, ya que debe haber proporcionalidad y no discriminación". La patronal dijo que no pudieron ver los datos y metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a esta "decisión injusta".
No obstante, Efpia ha aclarado que sigue con el firme compromiso de minimizar el impacto de los productos farmacéuticos en el medioambiente. De hecho, federación y sus miembros se han comprometido a pagar la parte que les corresponde de los costes del tratamiento de las aguas en función del volumen de microcontaminantes presentes en ellas, aunque piden que se lleven a cabo estudios y se muestren los resultados y metodologías.