Madrid
Desde hace semanas las compañías farmacéuticas temen el regreso en 2025 de una de las normas que más ha castigado su cifra de negocio. El Gobierno baraja recuperar las indemnizaciones que cobraba al sector cuando el crecimiento de la factura farmacéutica fuera superior a la del Producto Interior Bruto. Una medida que se firmó por primera vez en noviembre de 2015 y que perduró hasta que la pandemia provocó las anomalías conocidas en ambos indicadores. Durante los años que estuvo en vigor, esta circunstancia se produjo en los cursos 2018 y 2019, provocando que las compañías devolvieran al Estado 452 millones de euros en total.
Si la medida siguiera vigente, y haciendo la excepción con 2020, las compañías se habrían librado de compensar al Estado en los ejercicios 2021 y 2022. Sin embargo, la historia hubiera cambiado en 2023, donde sí tendrían que haber pagado y, a tenor de los datos que se llevan de 2024, todo apunta a que este año habrían repetido.
La norma puede llegar con cambios, ya que cuando se firmó demostró tener alguna laguna. Aquel convenio lo suscribió el Ministerio de Hacienda (que entonces dirigía Cristóbal Montoro) con la patronal Farmaindustria, por lo que solo afectaba a las compañías que estaban bajo el paraguas de la asociación. Esto dejó fuera de escrutinio a compañías como Grifols o Gilead, que por aquellos años reinó en el mercado tras descubrir la cura de la hepatitis C. Ahora, según ha podido saber este periódico, se buscaría un índice para cada compañía que comercialice medicamentos innovadores en España.
La recuperación de la medida, por otro lado, fue prometida hace dos años y medio a la Comisión Europea. Fue entonces cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió a Bruselas el Plan Nacional de Reformas donde se explicitaba "(las actuaciones del Plan de Recuperación) se suman a otras que también persiguen una mejora del gasto público, como el alargamiento del instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico".
La evolución del gasto farmacéutico siempre ha sido positiva, pero en los próximos años puede producirse una explosión del mismo. Por un lado, la población española cada día está más avejentada, lo que implica mayores posibilidades de que haya pacientes polimedicados. Por otro lado, el desarrollo clínico de las moléculas que están en proceso son muchos más caros que lo visto hasta ahora. Ambas circunstancias, unidas, permiten anticipar a expertos del mercado que en la mayoría de años, el crecimiento de la factura de medicamentos será superior a la evolución del Producto Interior Bruto.
Estrategia Farmacéutica
El sector farmacéutico, por ahora, prefiere agarrarse a una de las últimas promesas que le ha hecho el Ejecutivo, en concreto la semana pasada. Fue entonces cuando Moncloa dio luz verde a la Estrategia Farmacéutica de España que, entre sus numerosos puntos, establecía una fórmula de entendimiento entre Gobierno y los laboratorios. En este documento, negro sobre blanco, es cierto que se establece una comisión donde cualquier norma que afecte al sector, ya sea de forma positiva o negativa, se debatiría. Esto no implica que las empresas puedan frenar los planes del Gobierno, pero sí al menos ser escuchados. Pero no es la única medida que amenaza al sector farmacéutico. El Ministerio de Sanidad está trabajando en la reforma de la Ley del Medicamento. En ella, tal y como informó este periódico, se trabaja en el desarrollo de los precios seleccionados, una suerte de subastas como las que hubo en Andalucía durante gran parte de la década pasada y que hoy se pueden encontrar en países como Suecia.
Pero hay otra circunstancia que va en la misma dirección que la norma de vinculación del gasto farmacéutico y el PIB, es decir, con el espíritu de incautar parte de la facturación que realizan las empresas. En el citado texto legal hay un apartado, conocido técnicamente como disposición adicional sexta, que hoy en día permite al Gobierno quedarse con el 2% de la facturación de una compañía si esta supera los tres millones en ventas. Hasta la fecha, solo afecta a los ingresos que proceden de la dispensación de tratamientos en las farmacias y, ahora, el nuevo paso sería extenderlo a los hospitales.
En 2023 –últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda– el gasto hospitalario fue 9.606 millones de euros. En el caso de que se amplíe la tasa a estas terapias y que la normativa posea las mismas condiciones que la actual, permitiría al departamento de Mónica García obtener una recaudación extra de hasta 192 millones de euros anuales.
Apuesta con reservas
Todas las medidas descritas no comulgan con el espíritu de la Estrategia Farmacéutica de España, aprobada hace poco más de una semana con el objetivo de que el país sea un polo de atracción para las empresas del sector. La mayoría de compañías que operan en España, con un volumen importante de negocio, son multinacionales que deciden sus apuestas por los países en función no solo del entorno legislativo, sino también de la predictibilidad del entorno.
La batería legislativa que se está preparando es necesaria porque hay mucho que solucionar, pero si se utiliza también para dibujar un panorama más hostil que países vecinos, resultará ineficaz. Además, en un momento en el que se trata de convencer a las compañías para que atraigan inversiones y fabricación a España, no parece la estrategia más oportuna.