Nuevo paso para deshacer el atolladero de Muface. El Gobierno ha habilitado este miércoles unas consultas preliminares de mercado para que todas las aseguradoras privadas interesadas puedan trasladar el precio por el que prestarían asistencia sanitaria al sistema durante los años 2025, 2026 y 2027 para después, con la información recopilada, elaborar una nueva licitación que supla a la anterior, que quedó desierta ante el rechazo de Adeslas, Asisa y DKV (las tres que prestan los servicios actualmente) a las condiciones económicas planteadas.
El Gobierno, que ha lanzado una consulta relativa a los mutualistas residentes en territorio nacional y publicará otra sobre los que residen en el extranjero, ha aprovechado la nueva licitación para incluir un cambio en el marco temporal. Ahora propone un concierto de hasta tres años de duración (2025-2027) frente al periodo bianual (2025-2026) que planteó en la licitación fallida.
Mañana jueves se abre el plazo de 10 días hábiles (hasta el 4 de diciembre) para que el sector asegurador detalle y argumenten el coste de estos servicios a un colectivo de 1.573.382 entre titulares (1.143.162) y beneficiarios (430.220).
Las empresas deben indicar las primas por tramos de edad y justificar el porqué de esos precios, es decir, especificar los costes estimados para alcanzar el precio de las primas que solicitan.
La información recabada en este sondeo de mercado servirá a Muface para realizar un informe de evaluación que ayudará a perfilar las bases económicas de la nueva licitación para renovar el concierto, que vence el 31 de enero pero al que la ley de contratos del sector público habilita una prórroga de nueve meses más, hasta octubre de próximo año, en caso de no haber acuerdo.
La ampliación del periodo del concierto a tres años remarca la insistencia del departamento que dirige Óscar López en mantener Muface y evitar elevar la presión a la Seguridad Social frente a la petición del Ministerio de Sanidad, que apostó por desmantelar el modelo en un plazo de nueve meses y trasvasar a toda la población mutualista a la sanidad pública.
Las turbulencias ante la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras con la subida de las primas ha llevado al Ejecutivo a recordar en varias ocasiones que "ningún mutualista se va a quedar sin la asistencia". El 5 de noviembre terminaba el plazo para presentar las ofertas al concierto de Muface para los años 2025 y 2026 y la licitación quedaba desierta por primera vez después de que ninguna aseguradora pujara por hacerse con el mismo.
La oferta del Gobierno conllevaba un aumento del 17,12% de la prima por asegurado en dos años, lo que situaría en 2026 la prima media anual en 1.208,81 euros, 176,69 euros más respecto a los 1.032,12 euros actuales. En total, se contemplaba una financiación de 3.521 millones, lo que supone un incremento de 300 millones. Pero las aseguradoras pidieron más: un aumento de las primas que rondase el 40%.
El Ministerio que lleva la Función Pública recalcó que la oferta del Gobierno suponía la mayor subida de la historia y contrasta con el 4,4% de incremento medio de los últimos años, pero las aseguradoras insistían en la infrafinanciación del sistema.
El debate en torno al modelo Muface, que fue creado en 1975 para aglutinar una "acción mutual dispersa, fragmentada y desigual", ha llegado incluso a plantear eliminar la posibilidad de que los empleados públicos puedan elegir cada año entre acudir a la Seguridad Social o a Muface para recibir atención sanitaria sino que lo hagan "una sola vez y para siempre", haciendo irrevocable la decisión.
Los datos de Función Pública apuntan a que cada vez más empleados públicos apuestan por la pública y que de los nuevos ingresos de Muface, el 70% elige asistencia pública y el 30% privada. El cambio de tendencia afecta también al modelo que recibe aportaciones cuando esos nuevos mutualistas terminan siendo atendidos por los servicios de salud de las comunidades autónomas.
En este sentido, un informe publicado el lunes por el Ministerio de Sanidad planteaba transferir a las Comunidades Autónomas todo el dinero que el Gobierno paga a las aseguradoras para prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface.