Madrid
Hay algunas negociaciones que están abocadas al fracaso pero también existen aquellas en las que por más que las partes estén enquistadas, el acuerdo es la única solución. Este último es el caso de Muface, donde por mucho tira y afloja que haya existido, no hay margen para el desacuerdo. Sería un suicidio colectivo, un nuevo caos sanitario que nadie se puede permitir, pero también una mala solución para las empresas, que mantienen la capilaridad por todo el territorio nacional gracias a este convenio.
Es cierto que la situación de las aseguradoras es complicada. Vienen de declarar pérdidas y aseveran que la oferta económica del Gobierno (una subida de hasta el 17% en dos años) no es suficiente para paliar esas deudas. Pero también es verdad que es el mayor incremento presupuestario jamás visto por parte de un Ejecutivo, conscientes de que, aunque la idea futura sea dejar morir el sistema, aún no se está preparado para desconectarlo de la respiración asistida en la que se encuentra.
Si dentro de dos meses no hubiera quien se encargara de la cobertura sanitaria de un millón y medio de personas el menor de los problemas sería el incremento del gasto público, que ya de por sí sería de alrededor de 3.000 millones de euros. El verdadero drama es que las listas de espera actuales, donde el 20% de los españoles espera más de seis meses en recibir la operación quirúrgica que necesita, se desbordarían sin una alternativa para el corto y medio plazo.
A falta de escasas horas para que haya una decisión en firme (a partir de las 10 de la mañana se conocerá la decisión final) las llamadas entre negociadores se suceden. Se busca perfilar los flecos, analizar pequeños detalles que permitan un acuerdo, al menos parcial. Nadie quiere moverse demasiado por si al final tiene que hacerse la fotografía.
Pero la traducción personal de todo lo expuesto es que tanto el Gobierno como las aseguradoras ya han decidido que lo que queda por firmar es la muerte ordenada del sistema. Es decir, una última rúbrica que prorrogue un par de años el acuerdo para transitar paulatinamente hacia el sistema público.