Madrid
Las negociaciones para renovar el convenio de mutualidades siguen adelante a pesar del periodo estival. Una de las últimas novedades sobre el proceso es que el Gobierno prepara una oferta presupuestaria para Muface que supondrá una fuerte subida frente a la cuantía actual (3.571 millones de euros). Aún no hay una cantidad concretada pero sí el compromiso de que será un "incremento importante". Será, por tanto, la bala mágica que prepara el Ejecutivo de cara a salvar un modelo que si desapareciese de la noche a la mañana supondría una presión asistencial sobre el sistema público inasumible.
Las aseguradoras que prestan el servicio (y las que lo podrían prestar) ya hicieron unos cálculos del presupuesto que necesita el sistema, tal y como adelantó este medio. El Estado paga por cada funcionario adscrito al mutualismo una prima que ronda los 900 euros anuales. Sin embargo, el gasto sanitario per cápita público (es decir, lo que se gasta por cada ciudadano por su cobertura en la seguridad social) es de 1.674 euros, excluyendo el monto dedicado a medicamentos. Las aseguradoras pidieron para Muface una rebaja del 20% sobre esta última cifra, lo que acarrearía una prima de unos 1.350 euros, un 50% más de lo que ahora mismo se destina.
Con todo, las negociaciones seguirán produciéndose a lo largo del mes de septiembre. De hecho, según explican fuentes conocedoras del proceso a este periódico, la oferta formal para renovar el convenio de mutualismo –que expira el 31 de diciembre– no llegará hasta el mes de octubre. Hay otro detalle que también ha aparecido en las negociaciones y que parece que será inamovible. El Gobierno quiere reducir la duración del contrato de los tres años actuales a dos. Esta disminución en la extensión, según fuentes del sector asegurador, es negativa para las empresas en términos de rédito económico, ya que el recorrido del incremento de las primas es menor.
El informe no llega a tiempo
Tanto las negociaciones como la presentación de la oferta final llegarán sin que esté publicado el documento científico encargado para evaluar las necesidades del mutualismo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargó un trabajo a la Airef para que analizara las necesidades económicas del sistema, que engloba a Muface, Mugeju e Isfas, si bien el primero de ellos es el que más asegurados tiene con mucha diferencia.
Sin embargo, la Autoridad Fiscal decidió externalizar el trabajo y lo sacó a concurso público. Según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, el pasado 18 de febrero se resolvió el proceso y los seleccionados son la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por una cantidad que asciende a 328.103,6 euros.
El problema es que no se espera que ese trabajo esté finalizado antes de noviembre o diciembre, por lo que resultará inútil de cara a la renovación del convenio. Si finalmente llega con posterioridad a la renovación del convenio se habrá convertido en un proceso inútil, toda vez que el objetivo era que dimensionara las necesidades reales del sistema para que se pudiera realizar una prórroga del contrato con garantías económicas tanto para empresas como para el Estado.
