Madrid
El Ministerio de Sanidad ha dado una vuelta de tuerca al procedimiento de uso de medicamentos que aún no han recibido la financiación pública. Hasta ahora, un fármaco podía usarse en esas condiciones si un hospital consideraba que alguno de sus pacientes lo podía necesitar, pagándose directamente al laboratorio propietario de la terapia la cantidad acordada. Sin embargo, ahora Sanidad condicionará este uso a que no haya recibido una negativa a su financiación por parte de la Comisión Interministerial de Precios, órgano encargado de dar entrada a los nuevos tratamientos.
Sanidad se basa en un informe de la Abogacía del Estado para entender que esta práctica crea desigualdades. Además, se entiende que la posibilidad de acogerse al uso compasivo (así se llama técnicamente al uso de medicamentos que aún no están financiados) no es legal si existe una negativa a su financiación. "El ámbito objetivo del artículo 17.6 del Real Decreto se refiere a aquellos medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación del SNS, pero no a aquellos medicamentos sobre los que existe, de manera expresa, una resolución de no financiación", reza el informe al que ha tenido acceso este medio.
Pero bajo el paraguas de preservar la equidad se esconde una trampa en la práctica. La mayoría de nuevos medicamentos que acuden a la Comisión Interministerial de Precios en busca de una financiación suelen recibir, al primer intento, una negativa por parte de Sanidad. No en vano, España tarda más de 600 días en aprobar un fármaco desde que la Comisión Europea da el visto bueno.
Esta primera negativa entra dentro de la lógica ministerial de presión para conseguir el mejor precio posible para una terapia. Sin embargo, y hasta ahora, durante ese proceso de negociación, los laboratorios tenían la posibilidad de conseguir ciertos ingresos mediante el uso compasivo del medicamento. Ahora, con la nueva directriz ministerial, tendrán que sopesar mucho acudir a una Comisión de Precios porque también podrían perder el uso compasivo.
En la práctica, la nueva forma de actuar de Sanidad presiona a las farmacéuticas para que no acudan a buscar financiación con precios altos, si bien es cierto que normalmente en una primera aproximación los laboratorios suelen acudir con precios medios europeos.
Presión autonómica
El informe de Sanidad, además, incluye otra conclusión para evitar financiaciones paralelas, toda vez que la política farmacéutica es estatal. "Las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras no pueden incluir en su cartera de servicios y, por tanto, no pueden financiar con fondos públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación ya que produciría diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos", asegura el mencionado documento.
Esta directriz responde, entre otras cuestiones, al uso partidista que se ha producido en alguna ocasión con algún medicamento, sobre todo vacunas. En los últimos años ha habido negativas de Sanidad a algún suero que algunas comunidades han pasado por alto y ofrecido a sus ciudadanos.