La relación entre las empresas de sanidad privada y el Gobierno de España pasa por uno de sus peores momentos. A la gestión de la pandemia, donde se les elevaron los costes, pero no tuvieron posibilidad de acceder a iniciativas laborales como los ERTE, les siguió la reforma de la Ley de Equidad, aún sin aprobar. Ahora, tras cerrar un acuerdo para revalidar el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, las críticas han vuelto a arreciar, en línea con lo argumentado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
La principal queja que se desliza desde el sector es el acuerdo para reducir las jornadas laborales a 37,5 horas semanales. "La reducción repercutirá en la necesidad de aumentar las plantillas en las empresas sanitarias en un escenario generalizado de escasez manifiesta de personal sanitario", explican desde la patronal ASPE. En este contexto, desde las empresas se ha pedido al Ministerio de Sanidad que agilice la homologación de títulos a los médicos extracomunitarios, pero aunque haya habido movimientos, lo cierto es que aún no se nota en el mercado laboral.
"Esta situación (la reducción del horario) se daría cuando existe un grave déficit de profesionales sanitarios, tanto en medicina como en enfermería, situación ante la que no se han tenido en cuenta las numerosas medidas propuestas por el sector (mejora de incompatibilidades, adaptación de competencias profesionales, participación en el sistema MIR u homologación de extracomunitarios). La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que esta legislación laboral provocaría una enorme adversidad para el sector", añaden desde la patronal.
Pero si el descontento es generalizado por esta promesa de legislatura, las tareas pendientes que quedaron de la pasada también preocupan mucho al sector. La Ley de Equidad se quedó sin tiempo parlamentario para ser aprobada, además de que existían muchas dudas sobre si los partidos catalanes aprobarían dicho texto dada su dependencia del sector privado para ofrecer el derecho a la salud. Con todo, tanto PSOE como Sumar quieren ir adelante con el texto, lo que supondría la supresión de facto de la normativa sacada a finales de los noventa y que permitió el desarrollo de la sanidad privada en España.
"Por un lado, supondría un gasto de más de 2.700 millones cada año adicionales a la sanidad pública, teniendo en cuenta que la colaboración supone, como mínimo, un ahorro del 50% para las arcas públicas respecto a los precios con los que trabaja la sanidad pública", comienzan diciendo. Además, señalan que "la pretensión de aprobar la Ley de Equidad implicaría la derogación de la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud solo se sustenta en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud".
Listas de espera
La última pata de las promesas de legislatura del actual gobierno en funciones va en la dirección de reducir las listas de espera. La patronal explica que entre que se limitan los horarios y que se quieren limitar las concesiones, la promesa cae en saco roto. "El escenario que vive la sanidad pública es alarmante y no caben los anuncios publicitarios cuando las listas de espera no corrigen a la baja aun contando, si bien muy por debajo de sus capacidades, con recursos estratégicos que aporta la sanidad privada, con el 56% de hospitales, el 31% de camas del sistema o el 36% de los quirófanos. Por tanto, es perfectamente deducible, en un escenario de aplicación de la Ley de Equidad, que los datos a diciembre de 2022, con 793.521 personas esperando para una intervención quirúrgica, aumentarán", dicen.
