
Los hospitales están colapsados, los tiempos de espera para operaciones quirúrgicas suben de 113 a 122 días, con casi 800.000 pacientes en listas de espera y los servicios de atención primaria son insuficientes. Todos estos problemas seguro que le suenan, responden a un rápido diagnóstico sobre la sanidad pública en nuestro país. Aún así las calles de las grandes capitales se llenan de batas blancas y de miles de ciudadanos cada vez que un sindicato de médicos o enfermeras convoca una protesta en defensa de la sanidad pública. Pero… ¿es eficiente?, y, sobre todo, ¿es sostenible? Son algunas de las preguntas que habría que responder con la razón y no sólo con el corazón.
Un rápido vistazo a la evolución del gasto que difunde el Ministerio de Sanidad muestra que este creció en casi 20.000 millones con los gobiernos de Sánchez, al pasar de 68.507 millones a finales de 2017 a 87.941 millones en 2021. Medido en términos de PIB, el incremento se aceleró con la pandemia y en 2021 consolidó esa ganancia y siguió al alza con casi 1,5 puntos en el periodo analizado. El 7,3% del PIB en 2021, frente a 5,9% en 2017.
Los principales protagonistas del gasto son tres: personal, hospitales y autonomías. Éstas últimas gestionan la friolera del 92,1% del presupuesto, 80.955 millones en 2021, frente a los 63.457 millones de 2017. ¿A dónde va este dinero? La principal partida es la de personal, que por sí sola absorbe casi uno de cada dos euros, concretamente el 44,1% (38.778 millones), con un incremento de casi el 30% en estos cuatro años.
Si lo analizamos por los servicios prestados, el 61,6% (54.205 millones) se destina a hospitales seguido de servicios de atención primaria, con el 14,5% (12.720 millones), una partida que prácticamente empata con la de farmacia, a la que se dedica el 14,6% (12.809 millones).
Según estos datos, después de incrementar en un tercio el gasto de personal y en el 20% el de los servicios hospitalarios, la percepción de los ciudadanos es que siguen faltando personal sanitario y, además, está mal pagado a la par que se agravan los déficit de atención. El simple hecho de ser hospitalizado a causa de una dolencia urgente es una auténtica aventura, por la falta de camas disponibles. ¿Qué porcentaje de los Presupuestos debería absorber la Sanidad para lograr resolver estos problemas?, ¿el doble ó el triple del dinero actual? La respuesta es difícil de concretar y dependerá si la fuente es médica ó sindical.
El inconveniente es que con una deuda en el 140% del PIB y un déficit estructural próximo al 5%, ningún Gobierno va a poder incrementar mucho más el gasto sanitario. Y menos a partir de ahora, con el incremento de los costes de financiación. La solución pasa por la colaboración público-privada, de manera que buena parte de estos servicios públicos sean licitados a clínicas privadas para mejorar y agilizar la gestión. No reconocer la realidad de la Sanidad pública es condenar a los españoles a sufrir largas colas de espera para una simple hospitalización, a la par que se prolonga la obsolescencia de los aparatos médicos y se reduce la adquisición de tratamientos de vanguardia. ¡Basta de engañar a los ciudadanos!