Grifols publicó este viernes el informe de remuneraciones de sus consejeros como previa a los resultados anuales que se oficializarán el próximo 28 de febrero. Los dos consejeros delegados solidarios de la farmacéutica, Raimon y Víctor Grifols, ganaron 1,2 millones de euros en 2022, cifra que representa un 4,96% más en el caso del primero y un 12,5% más en el caso del segundo respecto a 2021.
El sueldo de ambos dirigentes se mantiene, pero la explicación radica en la retribución variable, donde los dos consejeros obtuvieron 145.000 euros por conseguir los objetivos marcados más 209.000 como beneficio bruto de un plan de acciones de clase B de 2020 que fueron devengadas en 2022. Son los dos únicos representantes que obtuvieron más rendimiento económico durante el año pasado, con la excepción de James Costos, que acumuló 13.000 euros más por su pertenencia a comisiones internas de la farmacéutica.
Por otro lado, el ya ex presidente ejecutivos de la compañía, Steven Mayer, que dimitió esta semana, obtuvo durante 2022 la cantidad de 876.000 euros. Su remuneración se incrementó un 600% respecto a la que obtuvo en 2021. El presidente honorífico, Víctor Grifols Roura (padre de Víctor y hermano de Raimon) ganó 965.000 euros, lo mismo que se embolsó en el año anterior, el curso 2021.
La compañía lleva un par de semanas convulsas. Para hacer frente a la elevada deuda de la farmacéutica, hace unos días presentó un plan de choque que se llevará por delante el empleo de 2.300 personas, cien de ellas en España. El anuncio del plan fue celebrado en el Ibex con fuertes subidas, pero todo desapareció días más tarde. Steven Mayer, por sorpresa, presentó su dimisión como presidente ejecutivo de la compañía apenas 140 días después de asumirla. Alegó motivos de salud y personas, pero el Ibex castigó su decisión.
Entre ambas noticias, Grifols consiguió esquivar un de los mayores retos que tenía en el corto plazo. La compañía se enfrentaba a una demanda colectiva y multimillonaria en Estados Unidos interpuesta por un grupo de donantes. Sin embargo, mediante negociaciones, la farmacéutica ha conseguido frenar el proceso pagando 17 millones