En el nuevo curso, la Contratación Pública Sanitaria es un punto caliente de cara a la transformación del sistema sanitario y a la adquisición e introducción de medicamentos innovadores para el paciente. Para dar valor a la salud a través de la Contratación Pública "se debe comprar una terapia completa no solo el medicamento", indica la Directora General de Contratación Pública en la Generalitat de Catalunya, Neus Colet Arean. Se trata de ver el papel que va a jugar como tratamiento para los pacientes, es decir, cuál será el numero de personas que se beneficiarán de la terapia y el papel que jugará dentro del sistema.
Los expertos indican que se requiere profundizar en las peculiaridades de la contratación pública en salud, avanzar en el conocimiento de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e identificar áreas de mejora que permitan optimizar los procedimientos con los que cuenta el sistema sanitario mediante la colaboración de los agentes sanitarios.
Por otra parte, hay que redefinir el objeto del contrato a la hora de adquirir un medicamento. "Los mercados deber ser capaces de ofrecer la mejor solución posible y de decir qué es lo que se necesita. Hace falta profesionalizar el contrato público", recalca Colet Arean en la jornada Creando valor en Salud a través de la Contratación Pública, realizada por la farmacéutica MSD. Además, hay que establecer una metodología común, un enfoque proporcional y específico al ámbito sanitario.
La consejera del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez Salguero, recalca que hay una carencia en la ley de contratación pública a la hora de aplicarla a medicamentos, además de una falta de especialización en el ámbito de la administración pública. A la hora de llevar a cabo un contrato para la compra de un fármaco, la consejera indicó que hay que situar al paciente en el centro del sistema, garantizar la sostenibilidad del sistema a niveles económicos y el de la industria. "Hay que jugar con estos tres elementos", recalca.
La industria biomédica, las administraciones públicas, las comunidades autónomas y los hospitales se encuentran en un paradigma en el ámbito de la compra pública de medicamentos por criterios de valor. "Estamos en un momento crítico en que es necesario un cambio de paradigma que se enfoque en los beneficios para el paciente y en los resultados y el valor que un suministro o servicio produce y no solo en una concepción aislada del precio de las compras", indica el experto en Derecho Administrativo y Contratación pública, Javier Vázquez Matilla.
En la compra pública se debe evitar un "modelo desproporcionadamente economicista" y avanzar a uno de compra pública por valor que gire entorno al paciente, que garantice una adecuada remuneración conforme a los precios del mercado y que fomente iniciativas de altos niveles de calidad. Tal y como indica el viceconsejero de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pedro Irigoyen, debe haber una mayor eficacia y contención del gasto sanitario.
Otros problemas del Sistema Nacional de Salud
A la hora de adentrarse en la cartera de problemas que presenta el sistema nacional de salud en primera posición se encuentra el retraso y acceso a nuevos medicamentos. España tarda alrededor de 500 días en comercializar un fármaco desde que Europa da el visto bueno. Las terapias oncológicas y para enfermedades raras son las que más retraso sufren. En los últimos cuatro años, el país solo ha tenido acceso a más de la mitad del total de los nuevos fármacos- 85 de los 160- a los que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado el visto bueno.
El hecho de no poder acceder a los nuevos medicamentos hace que los pacientes no tengan acceso a tratamientos innovadores y un gasto económico para el sistema sanitario. Además, las empresas pueden perder interés en invertir en el país si no ven una salida para sus medicamentos. Algunos estudios internacionales concluyen que la inversión de un euro en medicamento ahorraría entre dos y siete euros en otras prestaciones sanitarias como visitas a urgencias o intervenciones quirúrgicas.
Otro de los inconvenientes que se presentan es la disputa que existe entre los medicamentos genéricos y los de la marca. La patronal de Medicamentos Genéricos pide una diferencia de precio respecto a la marca durante la fase de introducción del medicamento y el fomento de la prescripción por principio activo y no por enfermedad a la que va dirigida el medicamento.
Cuando un medicamento genérico sale al mercado, la marca puede igualar su precio para seguir bajo el abrigo público. La patronal de terapias genéricas afirma que es una fase crítica ya que la ley dictamina que el farmacéutico está obligado a dar el fármaco a menor precio a la persona. Además, recalca que de los 462 fármacos señalados como estratégicos para el Ministerio de Sanidad, todos a excepción de las cinco vacunas contra el covid aprobadas por la AEMPS, tienen o pueden tener su versión genérica.
Hace una semana, en mitad de camino en el desarrollo del Perte de Salud de Vanguardia, la ministra de sanidad, Carolina Darias, indicó que la modificación legislativa que se va a acometer este otoño en política farmacéutica tendrá un impacto para favorecer la fabricación de medicamentos en España. "La futura modificación de la Ley de Garantías va a apoyar el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica para facilitar su desarrollo y tener más fabricación", aseguró la ministra en un encuentro promovido por Farmaindustria.
El plan contaba con una estrategia que poseía una inversión de 1.700 millones de euros y se solicitaban incentivos y un marco estable que asegurasen el desembolso. Una de las partes del plan es la fabricación local, en línea con los fármacos considerados esenciales por el ministerio. Se solicitaba que las moléculas (sin patente) obtuvieran incentivos que motivaron la asunción del aumento de costes que significa trabajar en un país europeo en vez de uno asiático.
Otro de los incentivos que se barajan es la modificación de las tasas que paga una compañía farmacéutica a la Agencia Española de Medicamentos Productos Sanitarios. En otras palabras, buscan la posibilidad de suprimir o rebajar estas tasas. En este sentido, las multinacionales solicitan facilidad y agilidad administrativa, un ecosistema público y privado bien establecido e incentivos en forma de exenciones fiscales.
