El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La nueva normativa incluye el acceso de las mujeres a la "píldora del día después" de manera gratuita. El Gobierno tendrá que hacerse de los 17 millones de euros que se gastan en anticonceptivos de urgencia.
La "píldora del día después", conocida también como postcoital se considera un anticonceptivo de urgencia para ser administrado en las 72 horas siguientes al mantenimiento de relaciones sexuales. El coste de la anticonceptiva de urgencia en las farmacias ronda entre los 15 y 28 euros, dependiendo de la marca. Por otro lado, en los centros de salud y de planificación familiar su acceso es gratuito. Hasta el momento no existía una legislación clara sobre si las farmacias estaban obligadas a tenerla en su catálogo o no. Ahora, deberán de tenerla disponible, al igual que todos los ambulatorios y los servicios especializados en salud pública y reproductiva.
Hace tres años, en España se dispensaron 754.565 píldoras del día después en farmacias registrándose un coste económico de 16.891.815 millones de euros, según datos que ha obtenido ElEconomista.es de la consultora de datos Iqvia. En 2020, la cifra fue de 15.164.164 millones de euros (667.077 unidades) y en 2021 17.197.526 millones de euros y 745.332 anticonceptivos de urgencia. Mientras, durante los primeros siete meses de este año se han registrado un valor en venta de 11.053.598 millones de euros y se han vendido 478.688 unidades en farmacias. A partir de ahora, el gobierno tendrá que hacerse cargo de ese gasto económico derivado del coste de la "píldora del día después".
Por otro lado, tras los meses de negociaciones no todas las medidas propuestas han conseguido llegar a la meta. El IVA reducido del 4% en los productos de higiene femenina, es decir, las compresas, copa menstrual o tampón, entre otros; se han quedado por el camino tras recibir la negativa del Ministerio de Hacienda.
La nueva normativa indica que las mujeres en riesgo de exclusión y todas aquellas que se encuentran en prisión tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación, es decir, compresas y tampón, entre otros. Estarán disponibles en colegios, centros sociales e instituciones penitenciarias. El Gobierno se hará cargo del gasto producido por los productos de higiene femenina destinados a estos sitios.
Durante los últimos tres años, el valor en ventas de los productos de higiene femenina se ha mantenido en equilibrio, es decir, no ha sufrido muchas variaciones. En 2019 se registraron 15.003.216 millones de euros en ventas de productos de higiene femenina, en 2020 13.250.414 millones y en 2021 12.863.157 millones, según datos de Iqvia. Durante los primeros siete meses de este año, es decir, desde enero hasta julio, se han anotado ventas de productos de cuidado e higiene femenina por valor de 7.319.289 millones.
Si estas cifras se desglosan pieza a pieza, en 2021 se registraron 6.312.255 millones de euros en ventas de compresas en farmacia, un 0,1% más respecto al año anterior. En cuanto a los tampones se registraron 2.074.818 millones, es decir, un 13,4% más respecto a 2020; y en venta de copas menstruales 4.476.085 millones, un 15% menos que en el año anterior. Por otro lado, en los siete primeros meses de 2022, en las farmacias se ha registrado un valor en ventas de 3.787.061 millones de euros en compresas, 1.377.008 millones en tampones y 2.155.220 millones en copas menstruales.
El aborto dentro de la nueva ley
La nueva normativa permitirá que las menores de 16 y 17 años puedan abortar de forma voluntaria sin necesidad del permiso paterno con el objetivo de que los abortos se hagan mayoritariamente en centros sanitarios públicos. "El estado respeta la decisión de las mujeres y no duda de su decisión", afirma la ministra de Igualdad, Irene Montero en la rueda de prensa.
Hasta ahora, el 85% de los abortos se llevaban a cabo en centros privados. El aborto será libre hasta la semana 14 de gestación, hasta la 22 por causas médicas y sin límite si se detectan graves anomalías incompatibles con la vida y siempre que lo determine un comité clínico. La red pública tiene que ser la red de referencia en la interrupción voluntaria de embarazos", recalca Montero. Además, las comunidades autónomas tendrán que crear un registro de objetores sanitarios que no quieran realizar la interrupción voluntaria del embarazado para que en los servicios públicos haya siempre profesionales suficientes para poder practicarlo, al igual que se llevo a cabo con la ley de la eutanasia.
La ley dedicará un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida. La ministra de Igualdad afirma que el 70% de las mujeres creen que el dolor menstrual está infravalorado en las áreas de trabajo. La nueva normativa incluye una baja específica de tres días para las mujeres que padezcan reglas muy dolorosas e incapacitantes. De la financiación de esos días se encargará el Estado. "Se acabo ir a trabajar con dolores", recalca Irene Montero.
Como punto final, la norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, prestando especial atención al parto y al postparto, Entre ellas, figura la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación que no consumirá ningún día del permiso de maternidad. También se llevará a cabo un protocolo común para que las directrices del parto respectado llegue a todos los centros sanitarios.
