El Ministerio de Sanidad ha decidido que el Plan que desarrollaron en 2019 para fomentar las ventas del medicamento genérico y biosimilar no va a ser discutido con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, tal y como planeaban en otoño del año pasado. La Secretaría de Estado tiene en su mesa desde esa fecha el documento realizado por la Dirección de Farmacia y en el que van incluidas diversas medidas que no cuentan con el respaldo del sector farmacéutico.
La decisión será ir consolidando las medidas incluidas en el citado plan en los diversos cambios regulatorios que tiene previsto el departamento de Darias para el segundo semestre del año. El cómo y el cuándo es una incógnita, ya que Sanidad lleva esquivando las preguntas de este medio al respecto desde hace casi un mes.
A pesar del secretismo, hay algunos aspectos que sí han trascendido. La columna vertebral del Plan está sujeta sobre tres medidas. La primera de ellas es crear una diferencia del precio entre el medicamento de marca y el genérico durante el primer año de vida comercial del segundo. Esta es una medida que existió a principios de la década pasada, pero que desapareció poco después de la legislación. Para llevarla a cabo, será necesario reformar la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y es una regla que gusta al sector tanto de genéricos como de biosimilares.
La segunda es de las más polémicas que existen. El Estado pretende quedarse con los descuentos que obtienen las farmacias tras negociar con las empresas farmacéuticas la compra de medicamentos. Estos acuerdos suelen representar un ahorro para las farmacias por un volumen alto de compras o por pronto pago; un dinero que el plan desarrollado por Sanidad considera que debe revertir en las arcas públicas. De esta medida solo se librarían las boticas consideradas VEC (Viabilidad Económica Comprometida) y cuenta con el rechazo del máximo órgano de la farmacia (el Consejo General) y también de la industria del genérico, que considera que es una medida recaudatoria y no de fomento de uso de un tipo determinado de medicamentos como son los genéricos.
La tercera medida, un poco más técnica, es igualar medicamentos en función de su área terapéutica en lugar de su composición. Aquí, tanto genéricos como biosimilares coinciden en que es una medida que de poco ayudaría tanto al sistema como, se supone, a la intención de fomentar el uso de estos medicamentos. "La Administración ya se ahorra el 70% o el 80% con nuestros productos. Tratar de apretar más puede provocar que nadie quiera invertir en desarrollar nuevos biosimilares", dice la directora general de la patronal Biosim, Encarnación Cruz.
La directiva, además, recuerda que ha propuesto a Sanidad una nueva medida para incluir en el plan que ya existe en otros países europeos: el beneficio compartido. "Se trata que de una unidad de un hospital se ahorre en la factura por el fomento del biosimilar, parte de ese dinero revierta directamente en ese servicio para mejorar su asistencia al paciente", explica la directora general.