Zaragoza
Fecha señalada hoy en el calendario en el sector agrícola y ganadero con la celebración de San Isidro. Un día que trae consigo la reforma de ley de agricultura social y familiar de Aragón con el fin de facilitar la actividad por parte de los agricultores y ganaderos, su rentabilidad y mantenimiento de las explotaciones, entre otros objetivos.
La reforma viene a introducir cambios en el anterior marco legal, fue aprobado por el anterior Gobierno de Aragón liderado por el PSOE, para "favorecer la incorporación de jóvenes agricultores", contribuyendo así a evitar la reducción de profesionales en el sector que, tan solo en 2024, perdió a 344 productores, según los datos de afiliación recogidos por UAGA-COAG en su último informe sobre el sector.
La reforma de la ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, conocida como ley de agricultura social y familiar, se ha tramitado mediante lectura única a propuesta de VOX. Esta formación, junto al PP, ha votado a favor, mientras que IU y Podemos han emitido su voto en contra. El resto de grupos parlamentarios, PSOE, Aragón-Teruel Existe y Chunta Aragonesista (CHA) se han abstenido.
Durante la defensa de esta reforma, el portavoz adjunto de VOX, Santiago Morón, ha explicado que, con esta modificación del marco legal, se pretende favorecer la instalación de granjas y flexibilizar la unidad mínima de cultivo, además de paliar los "gravísimos perjuicios" de la anterior normativa local sobre la que ha indicado que ha tenido afecciones en la incorporación de jóvenes agricultores, sobre todo en relación a limitaciones en la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional, aparte de haber contribuido a frenar la apertura de nuevas granjas.
Morón también ha criticado las "erráticas políticas" del Pacto Verde Europeo al que ha considerado que es el responsable de los "desproporcionados condicionantes ambientales, los costes y la pérdida de competitividad del campo aragonés", especialmente frente a los productos que proceden de terceros países en los que existen normativas medioambientales menos restrictivas y una normativa laboral más laxa. Para Morón, la ley permitirá que los jóvenes se puedan quedar en el medio rural al facilitar su incorporación, además de favorecer un desarrollo "más seguro" del sector agrario.
Desde el PP, el diputado José María Giménez, ha explicado que "buena parte del sector" dijo que el anterior marco legal era "una mala ley" con la que se ha empeorado la situación del sector dado que, en 2024, se duplicó el número de bajas en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, aparte de retroceder las incorporaciones de jóvenes agricultores. Durante su intervención, también ha recordado que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón abrió, en el año 2024, un proceso de consulta pública abierto a todos los actores implicados.
A favor también ha votado el PAR. Su diputado Alberto Izquierdo ha apostado por una normativa más "entendible" y "operativa" para añadir a colación que "esta ley se convirtió en una norma que perjudicaba y han pasado casi dos años para que esto se resuelva".
Por su parte, desde el PSOE, el diputado Marcel Iglesias, ha negado que el marco legal previo a esta reforma fuera "un desastre", puesto que el número de agricultores también se está reduciendo en otras autonomías como Castilla y León o la Comunidad Valenciana.
Iglesias ha recordado que "vinieron a derogar una ley y van a derogar un artículo y a modificar dos, de 54 artículos y 11 disposiciones", matizando a su vez que algunos preceptos de esta ley son "manifiestamente mejorables".
El diputado socialista ha criticado dejar "al libre albedrío" la capacidad de las granjas por lo que ha abogado por flexibilizarlo en determinadas especies y evitar que la ley se convierta en un "coladero" para las macrogranjas. Además, ha apuntado la necesidad de tener en cuenta la realidad de Aragón en relación a las unidades mínimas de cultivo ante el minifundio existente en muchos pueblos.
Desde CHA, el portavoz José Luis Soro, ha incidido en la necesidad de favorecer a las explotaciones familiares por lo que ha considerado que se precisa flexibilizar la aplicación de esta ley, pero siempre protegiendo a los pequeños agricultores frente a los fondos de inversión. Y es que Soro ha opinado que, con esta reforma, "los pequeños agricultores se quedan a la intemperie".
En opinión de Chunta Aragonesista, es preciso reducir la unidad mínima de cultivo a cinco hectáreas para el secano y dos para el regadío y no suprimirlas, además de manifestar que la propiedad de la tierra debe servir para cuidar el medio rural.
Desde Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj, ha calificado de "recorte" esta modificación normativa, que afecta principalmente a las granjas de ganado intensivo y sobre la que además ha apuntado que no está enfocada en apoyar a los pequeños y medianos agricultores.
La diputada también ha explicado que la reforma carece de objetivos y criterios, calificándola de "propaganda" para los agricultores, cuyas peticiones y necesidades no se han escuchado. Entre el paquete de medidas propuestas por esta formación está el impulso al asociacionismo y el cooperativismo agrario.
Desde Podemos, Andoni Corrales, ha recordado que la anterior ley fue fruto de un proceso de "escucha activa" durante tres años y que solo lleva un año en ejecución por lo que ha justificado su rechazo porque la modificación es "aplicar un rodillo parlamentario por puro sectarismo".
Críticas también se han vertido desde IU. Su diputado, Álvaro Sanz, ha indicado que "las derechas van a empezar el proceso de desguace de esta ley porque molesta proteger un modelo concreto de agricultura", además de afirmar que el problema de la norma, que se modifica, es que no se ha aplicado.
