Zaragoza
Un adecuado control cinegético para garantizar el equilibrio entre el hombre y el lobo y la elaboración de un censo nacional de este animal, que se actualice cada tres años por investigadores independientes son algunas de las medidas que aprobadas para hacer frente y paliar los daños de la presencia del lobo en el sector agrícola y ganadero.
Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria, han dado el visto bueno a una propuesta de VOX, que ha contado con el apoyo del PP y PAR, para que se impulse la elaboración de un Plan Nacional del lobo en el que se incluirían estos puntos, además de contar con otras propuestas como el detalle de las zonas en las que puede haber población de esta especie animal y aquellas en las que debe estar excluida.
La propuesta aprobada incluye igualmente la revisión del procedimiento administrativo actualmente previsto para las reclamaciones de los ganaderos afectados por los ataques de lobo con el fin de que se agilicen los trámites, aparte de simplificar y reducir la burocracia actual.
Otro de los puntos es la elaboración de una guía con fórmulas de prevención frente a los ataques de lobo, así como la creación de zonas de exclusión de esta especie animal en núcleos urbanos y periurbanos por parte de las autoridades componentes.
Igualmente, se pone el foco en que se establezcan criterios nacionales de ayudas para la prevención de los ataques del lobo para que se puedan destinar a, por ejemplo, establecer diferentes tipos de barreras como acústicas, físicas, luminosas u olfativas, o bien disponer de perros de guardia o presencia de pastores. El objetivo es así garantizar a los ganaderos una protección eficaz frente a los ataques.
La iniciativa aprobada pone el foco a su vez en la creación de un sistema unificado de compensaciones y el ajuste a los perjuicios reales que sufren los ganaderos. También se pretende garantizar la igualdad, con independencia de la zona del territorio nacional en la que se registren los ataques.
Según consta en la propuesta, las indemnizaciones deben comprender los costes por pérdida de res, así como el lucro cesante derivado de los ataques. En este sentido, se aboga por contemplar el estrés de los animales, la reducción de la productividad en las explotaciones y la pérdida de excelencia genética. Asimismo, se tienen que incluir el impacto negativo de los ataques del lobo en la capacidad reproductiva de las reses y los gastos veterinarios y sanitarios derivados de estas incidencias.
El criterio debe contemplar a su vez el importe de las reses que mueran con posterioridad a los ataques del lobo y como consecuencia directa del mismo, independientemente del tiempo transcurrido.
Otras medidas son autorizar a los ganaderos a conservar, mediante su transporte a un lugar seguro, las reses muertas por ataque de lobo hasta la llegada del agente medioambiental encargado de documentar los ataques.
Las medidas aún van más allá como la realización de un seguimiento detallado sobre el impacto del lobo en los cotos de caza y la evaluación de la afectación a las especies cinegéticas, especialmente las de gran valor, y a las rentas de los cotos. Además, se contemplará la reintroducción de los cupos de extracción gestionados por cazadores, como se hacía antes de 2021.
La iniciativa de VOX incorpora a su vez impulsar la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional, así como estandarizar su tratamiento jurídico con la calificación de "especie cinegética".
Esta exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial implicará la derogación de la vigente "Estrategia para la gestión y conservación del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural".
Finalmente, se plantea apoyar la futura modificación de la Directiva de Hábitats y, en su caso, exigir que permita la caza del lobo con fines de control poblacional allí donde esta especie se asiente, sea o no al norte del Duero, con el fin de posibilitar la convivencia del lobo con la población rural.
"El haber incluido al lobo en el listado de especies silvestres protegidas ha sido un error garrafal porque el lobo se está reproduciendo rápidamente. Está causando gravísimos daños a ganaderos en Cantabria y Castilla y León y también se han registrado ataques de lobos ya en Teruel, la Jacetania y Monegros", ha indicado Alejandro Nolasco, portavoz de VOX en las Cortes de Aragón durante la sesión plenaria, quien ha incidido en que "hasta las directivas europeas, esas de la Agenda 2030, esas de las políticas woke, están diciendo que sí, que igual es bueno sacar al lobo del listado de especies protegidas".
"Es por ello que se hace más urgente que nunca un Plan Nacional del Lobo. Primero, sacar al lobo del listado de especies protegidas para que se le pueda controlar cinegéticamente. Y después elaborar una estrategia que de paz y tranquilidad a los ganaderos", ha añadido.
Rechazo a la propuesta del PSOE
Aunque esta iniciativa ha salido adelante, las Cortes de Aragón han rechazado con los votos en contra de VOX y PP la propuesta presentada por el PSOE en la que se abogaba por la elaboración de un censo y la realización de un análisis detallado sobre las afecciones para que España pueda cambiar el estatus de protección de esta especie, tal y como establece la legislación.
Tras este rechazo, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Leticia Soria, ha criticado tanto al PP de Azcón como a la ultraderecha de VOX por oponerse a que el Gobierno de Aragón trabaje para retirar el lobo de la comunidad.
Soria ha apuntado que ambas formaciones políticas han bloqueado la propuesta socialista para que el ejecutivo de Azcón controle de forma exhaustiva al lobo en la comunidad, realizando un censo y un informe sobre el impacto y las afecciones que causa. Estos requisitos son imprescindibles para que el Gobierno de España pueda trabajar en el cambio de estatus de protección de esta especie, como establece la legislación.
Soria ha denunciado que la falta de información actualizada sobre la población del lobo en algunas comunidades, como en Aragón, está retrasando la toma de decisiones a nivel nacional, además de recordar que, mientras otras comunidades ya han presentado sus informes, el gobierno autonómico sigue sin remitir los datos de 2023 y 2024.