Zaragoza
El contrato relevo en el sector agrario podría abrirse paso para incorporar a los jóvenes. Es un punto que se ha abordado en las Cortes de Aragón, donde se ha aprobado implementar medidas, como este tipo de contratación, en la actividad agrícola para las nuevas incorporaciones.
El contrato relevo se ha propuesto desde el PSOE en una proposición no de ley, que también incluía otras iniciativas como proteger el modelo de agricultura social y familiar mediante "el desarrollo decidido" de la ley sectorial aprobada en 2023. Un punto que no se ha aprobado, al igual que la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio sobre el futuro del sector primario y las medidas para consolidar la agricultura y la ganadería profesionales.
El diputado socialista, Marcel Iglesias, ha defendido estas propuestas que ha considerado necesarias ante "el desembarco masivo de los fondos de inversión comprando las tierras más fértiles". Ante esta situación, ha abogado por desarrollar la Ley de Agricultura Social y Familiar, sobre todo en relación con las ayudas públicas para las pequeñas y medianas explotaciones, lo que el Gobierno de Aragón ha indicado que lleva dos años "resistiéndose" a realizar.
Desde el PSOE también se ha puesto el foco en las distancias a las granjas y en la unidad mínima de cultivo sobre las que ha apuntado que era necesario modificar, además de criticar al actual Gobierno por no haber llevado al Parlamento aragonés una nueva ley para el sector agrario y ganadero por lo que ha anunciado que desde el partido socialista se tomará la iniciativa.
Sin embargo, desde el PP, el diputado José María Giménez, ha achacado al PSOE la uberización del campo, mientras que para Vox, su diputado, Santiago Morón, ha achacado los problemas del sector a las políticas "erráticas" del Pacto Verde al asfixiar la economía de los agricultores y ganaderos.
Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha apuntado la indefensión e inseguridad en el campo aragonés por las presiones y los costes, así como por las dificultades de los mercados que están poniendo al límite la rentabilidad de las explotaciones. Para CHA, José Luis Soro, ha puesto el foco en la crisis estructural del sector, además de apuntar el descenso de profesionales en un momento en el que la media supera los 61 años, lo que alerta de un problema de relevo generacional.
Desde IU, Álvaro Sanz, ha mostrado su apoyo a la agricultura social y familiar, aparte de su preocupación por la uberización del campo, que está alcanzando "una magnitud preocupante" al estar las granjas, tierras y suministros en manos de corporaciones que poco a nada tienen que ver con el medio rural.
Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha abogado por cambiar la ley porque bloquea el desarrollo de infraestructuras y empresas que quieran llegar al territorio y no pueden crecer.
