El sector del dulce afronta el final del año, con la campaña navideña como momento crucial de ejercicio por su peso en el segmento de las especialidades estacionales, con optimismo por el alivio en la presión de los precios de las materias primas y un contexto económico de crecimiento que invita al optimismo en el consumo, según explica el director general de Produlce, Rubén Moreno.
¿Cómo encara la industria este final de año tan importante para el sector del dulce?
Con optimismo, porque los datos macroeconómicos acompañan. Parece que tanto las perspectivas de crecimiento de España como la moderación en la inflación nos están acercando a una campaña más normal que las vividas desde 2020, con muchísimas tensiones para unos productos como los navideños que tienen apenas tres semanas de campaña. Este año, a pesar del contexto internacional, a nivel económico en España se respira más optimismo. Será un ejercicio más previsible en el que saldremos de esa psicosis de inflación.
¿Prevén entonces mejorar sus resultados?
Prevemos un crecimiento más equilibrado. Los mercados de muchas materias primas, bien por la guerra en Ucrania u otras cuestiones, han determinado nuestra capacidad en los últimos años. En 2023 ya se cerró mucho el hueco de crecimiento entre valor y volumen y aspiramos a hacerlo aún más.
¿Esperan un equilibrio en los precios de materias primas como el cacao o la almendra?
Desde el verano no se ha dado una diferencia sustancial de precio en el cacao. El coste se ha rebajado bastante, aunque lo miramos con cautela porque es un problema con causas estructurales además de coyunturales, como una sequía en la zona productora de cacao en África. También ha habido un movimiento especulativo que ha agravado el problema. Esos elementos pueden desaparecer, pero las causas estructurales permanecerán y tendremos que ver cuál es su peso neto cuando unas desaparezcan y las otras se vayan solventando. Respecto a la almendra, parece que va a haber una cosecha especialmente buena este año, un 10% superior a la media de los últimos cinco.
Después es cinco años, ¿se está acostumbrando el sector a soportar crisis continuas?
Siempre ha sido necesario saber lidiar con esto, pero quizás ahora lo diferencial es que es recurrente. Antes había una crisis cada diez años y ahora parece que es anual. Estamos más preparados para afrontar este tipo de eventos y reaccionar más rápido. La introducción de nueva tecnología y los avances en digitalización permiten encontrar fuentes alternativas de suministro, a pesar de que, en el caso del cacao o del aceite de girasol, están muy acotadas a determinados países. En este caso, esperamos que 2025 sea un año más tranquilo.
¿Ha habido algún otro ingrediente que haya supuesto un quebradero de cabeza?
Sólo el cacao, que ya es bastante. Somos un sector con diferentes categorías que hacen un uso intensivo de chocolate o cacao. El impacto ha sido brutal porque hemos llegado a estar por encima de los 12.000 dólares la tonelada, casi seis veces el precio de hace dos años y medio. Hay una dependencia muy grande de unos pocos orígenes del cacao. En otros alimentos es menor o incluso tenemos producción nacional. En el caso del cereal, la harina o el azúcar, por ejemplo, compramos en España toda la cantidad que podemos. Los turroneros, compran un 80% de la almendra nacional.
A finales de año está previsto que entre en vigor el reglamento de productos libres de deforestación. ¿Qué impacto esperan de esta normativa?
Es previsible que su entrada en vigor se aplace un año, tal y como propuso la Comisión Europea en octubre. Esta prórroga es absolutamente necesaria para nosotros como sector y porque faltan muchos aspectos por bajar a las regulaciones nacionales para ponerla en práctica. Compartimos los objetivos de la norma, pero no podemos abstraernos del hecho de que su aplicación genera una nueva operativa y costes añadidos para el sector. Hay que hacer las cosas muy bien porque corremos el riesgo de perder competitividad en terceros mercados.
¿Son sensibles las administraciones a la realidad de la industria a la hora de marcar objetivos medioambientales?
A veces siento que hay un cierto desapego. Un 95% de la industria alimentaria está compuesta por pymes con entre 30 y 40 trabajadores, de los cuales, la mitad pueden ser operarios y el resto tiene ante si una tarea inabordable en materia de adaptación a las normativas. Tratamos de ayudarles desde la asociación y gran parte del trabajo que hacemos es leer, procesar, analizar y darles información o resolver dudas. Estamos en un contexto de exceso de normas a todos los niveles que no solo se traduce en complejidad para las empresas, sino en un fenómeno de inflación regulatoria por todos los recursos que hay que dedicar para adaptarse. Hablamos mucho de la inflación que no podemos controlar en los mercados internacionales del cacao o la energía, pero no del impacto de la regulación sobre los costes, que sí podemos controlar. Lo pueden hacer la Unión Europea, la administración nacional y las Comunidades Autónomas. Tenemos un desafío conjunto. Hay gente en las administraciones a todos los niveles muy dialogante y que entiende la situación, pero a veces en Bruselas están muy lejos de la realidad de la industria agroalimentaria.
¿Han medido el impacto económico de esta inflación regulatoria?
Solo el impuesto al plástico de un solo uso, calculamos que genera aproximadamente un impacto de 30 millones de euros en nuestro sector. En general, vemos un incremento de entre un 40% y un 80% en los costes para las empresas derivados de las nuevas regulaciones. Para que el público tome conciencia, sería interesante dar a conocer de dónde provienen determinados impactos sobre el precio final de nuestros productos, como el tener que buscar proveedores de cacao que no contribuyan a la deforestación de sus entornos.
¿Se trata de un factor que incrementará los precios y reducirá el potencial mercado de proveedores?
Muchas empresas ya utilizan esquemas de certificación que ahora con este reglamento nuevo dejan de ser una garantía. Antes una certificadora hacía ese trabajo. Ahora, aunque se pueda apoyar en ella, la empresa es la responsable última y ha de hacer ese trabajo también. Genera todavía mucha inseguridad jurídica y tendremos que ir hablando con los países productores porque es indispensable su colaboración. Creo que nunca estaremos en condiciones de garantizar al 100% nada más que nosotros hemos actuado con la máxima diligencia.
¿El sector está en disposición de alcanzar una sostenibilidad rentable?
Espero que sí. El problema son las regulaciones mal hechas, no tanto el objetivo, que está totalmente interiorizado. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo trabajando el rediseño de envases porque hay un reglamento europeo que en los próximos años estará en vigor que apuesta por la reutilización y en España tenemos otra normativa que afecta al plástico de un solo uso. Entre una cosa y la otra, el avance es inexorable. Es un desafío que afrontamos con ganas. Lo único que pedimos es que la regulación entienda el contexto y sepa adaptar los objetivos a una mayor eficiencia a la hora de interiorizarlo en las empresas.
¿Corre riesgo su competitividad?
En los últimos años de incertidumbre nos ha ido bien como sector gracias a la exportación. El comercio del dulce en Europa es bastante intercomunitario y el 73% de nuestra facturación se produce en este mercado, incluyendo el Reino Unido. Asimismo, estamos exportando mucho a Estados Unidos. Una regulación como la de deforestación puede crear unas reglas del juego completamente diferentes a las del resto del mundo y abrir una brecha a la importación de unos productos que deberían cumplir con la norma comunitaria, momento en el que entraremos en problemas con la Organización Mundial del Comercio. De esta manera, en la lucha por terceros mercados estaremos en franca desigualdad de condiciones sobre otros países productores. En definitiva, todo lo que añada capas de coste regulatorio nos resta competitividad.