Retail - Consumo

La demanda por presunta estafa contra los dueños de 100 Montaditos aglutina a un centenar de franquiciados

  • La compañía asegura que sigue sin haber recibido ninguna notificación y anuncia acciones legales contra los demandantes

La demanda por presunta estafa contra Restalia, propietaria de marcas como 100 Montaditos o The Good Burger (TGB), y a una treintena de sus sociedades, proveedores y directivos acumula ya a un centenar de franquiciados del holding creado hace 22 años por José María Fernández Capitán.

Así lo han anunciado esta mañana en Madrid Rafael Franco y José Luis González, portavoces de los despachos que representan a los franquiciados de Restalia en esta acción judicial, Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados. Ambos han avanzado que, a la treintena de denunciantes iniciales, en menos de una semana se han sumado o han mostrado interés por adherirse otros 60 afectados por la presunta estafa.

La semana pasada se supo que un juez había abierto diligencias previas contra el presidente y fundador de Restalia, así como a diferente sociedades y marcas del grupo que engloba a enseñas como La Sureña, 100 Montaditos, TGB, Panther Juice & Sandwich Market o Pepe Taco, por presunta estafa, agravada por delitos informáticos y contra la salud de los consumidores, coacciones, blanqueo de capitales y organización criminal.

Experiencias compartidas

Las supuestas prácticas fraudulentas del grupo de restauración han quedado descritas esta mañana por tres de los demandantes y antiguos franquiciados de Restalia, Julián García (TGB), José Antonio Lombardía (Panther) y Enrique Cebeira (100 Montaditos), que fue secretario de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia.

Los tres han relatado experiencias similares y que se han incluido en la demanda en forma de 33 pruebas periciales en las que Restalia les habría convencido para emprender dentro de su grupo mediante planes de negocio con cálculos irreales de alta rentabilidad y rápido retorno de la inversión o reclamos como una mesa de compras para obtener mejores precios y calidades en alimentos y servicios.

Con el paso de los meses, aseguran los franquiciados, salían a la luz cláusulas abusivas como la obligación de abastecimiento en exclusiva con proveedores homologados, incluyendo los servicios informáticos o las obras y equipamiento de los locales, que con el tiempo descubrían que les servían con precios más altos que los que se encuentran en el mercado. Si al hecho de que los franquiciados no podían fijar los precios de venta en sus locales, se unen las constantes promociones que sigue Restalia para mantener la alta rotación de público en sus marcas, aseguran, el margen de beneficios para el emprendedor es prácticamente inexistente.

Los denunciantes además recuerdan que cualquier queja o petición de ayuda a la central era respondida con silencio o amenazas de penalización o corte de suministros, en la que habría tomado parte uno de los principales proveedores del holding, la empresa Havi Logistics.

Audiencia Nacional

Ante la magnitud que está adquiriendo la demanda, que se presentó en agosto de 2021 en un juzgado de Madrid, sus representantes legales han avanzado que es posible la causa acabe en manos de la Audiencia Nacional. En este sentido, los abogados han citado motivos como el hecho de que haya afectados de toda España, se apunta el delito de organización criminal y por la elevada cantidad de lo supuestamente estafado, que en el caso de los primeros 30 demandantes asciende a unos veinte millones de euros, con una media de pérdidas que oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros.

Restalia responde

Por su parte, Restalia ha reiterado que sigue a día de hoy sigue sin haber sido notificada de la existencia de ningún procedimiento judicial ni ha sido llamada a declarar por Juzgado alguno. De hecho, señala en un comunicado que ni las compañías, ni las personas físicas contra las que supuestamente se dirige este proceso han recibido ninguna notificación, emplazamiento o comunicación del juzgado. Las compañías, por su parte, tampoco han recibido ningún requerimiento del juzgado solicitando documentación o información alguna.

La compañía señala que la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves tiene como "única razón dañar la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados y que en los últimos años, a raíz de la pandemia, ha destinado más de siete millones de euros en ayudas a sus franquiciados a través de la activación de un paquete de ayudas único en el sector".

La compañía asegura que las manifestaciones de la rueda de prensa se han realizado "faltando gravemente a la verdad de lo acontecido, ofreciendo datos totalmente tergiversados", por lo que desde la dirección de la compañía han decidido emprender "las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos derechos".

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