Las organizaciones empresariales representativas de los centros y entidades de formación (AEGEF, APEL, CECAP y CECE) valoramos positivamente la aprobación del Real Decreto- Ley de reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
La entrada en vigor de este Real Decreto- Ley supondrá un impulso en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desempleados, facilitará el mantenimiento en el empleo de los trabajadores ocupados y contribuirá al incremento de la competitividad de las empresas.
Aunque son evidentes los logros del sistema de formación profesional para el empleo desde la aprobación del primer Acuerdo Nacional de Formación, también es cierto, que el actual sistema presenta síntomas de agotamiento que han provocado ineficacias y debilidades.
Es por ello, que como actores principales del sistema, ponemos en valor los siguientes aspectos de esta reforma:
- la concurrencia competitiva que incrementará la eficiencia y eficacia del sistema tanto desde el punto de vista de la calidad de la formación como de su adecuación a las necesidades reales de empresas y trabajadores.
- la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del sistema entendiendo como tal la prospección, planificación y programación de la formación profesional para el empleo, así como la Negociación Colectiva y el Diálogo Social como instrumento de desarrollo del sistema.
- la planificación estratégica plurianual que permitirá a los centros y entidades de formación incrementar sus inversiones en recursos e infraestructuras en un marco de certidumbre y estabilidad normativa.
- la apuesta decidida por la formación programada por las empresas como eje fundamental de las iniciativas de formación abogando por la profesionalización de las entidades organizadoras
- la posibilidad de establecer, a través de las bases reguladoras de las convocatorias, el régimen de concesión y justificación mediante módulos económicos lo que sin duda redundará en una mejora de la gestión del sistema y simplificación burocrática.
- la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas que permitirá la optimización de los recursos así como la homogeneización de requisitos, eliminando duplicidad de criterios.
- la determinación del carácter finalista de la cuota de formación.
- el refuerzo de los procesos de seguimiento, control y evaluación permanente que permitirán avanzar hacia un modelo más transparente, de medición del impacto y erradicación de las malas praxis.
Con este Real Decreto, comienza una nueva etapa en la que las entidades y centros de formación, vamos a poner lo mejor de nuestra experiencia y saber hacer para construir un modelo de formación del que nos podamos sentir orgullosos.