Las cábalas electorales llevaron al presidente valenciano Ximo Puig a tomar la decisión histórica de adelantar por primera vez los comicios valencianos, hasta la fecha celebrados siempre junto al grueso de las autonomías. Precisamente, ese fue uno de los argumentos para hacerlo: el de dotar a la Comunitat Valenciana de una mayor visibilidad para la región al instaurar un calendario propio, un discurso que contrasta con la elección de la fecha: el 28 de abril, junto a las Elecciones Generales que acapararán todos los focos.
Por el motivo que fuere, el adelanto es un hecho, y a las elecciones anticipadas por el presidente Pedro Sanchez se le han sumado las del también socialista Puig, curiosamente uno de los barones regionales que lo empujó al abismo del que, como es sabido, resurgió.
Los analistas del partido defienden que el momento es más propicio para la iquierda que el 26 de mayo, cuando votarán el resto de autonomías y los municipios.
¿Las razones? Esperan en la izquierda un movimiento pendular que responda a lo ocurrido en Andalucía, donde la irrupción de Vox permitió sumar a la derecha. Otro factor importante es la tracción de las marcas nacionales. Los socialistas valencianos creen que suman con la movilización que pueda arrastrar Sánchez, y lo mismo opinan en el debilitado Podem, partido que ha respaldado el adelanto autonómico y sobre el que se ha llegado a especular que en mayo podría no haber rebasado el umbral mínimo del 5% para entrar en Les Corts Valencianes.
Por contra, el adelanto electoral perjudica a Compromís, el principal socio de Puig en el Gobierno Valenciano, cuya marca carece de fuerza en la política nacional. De hecho la vicepresidenta y candidata por la coalición nacionalista, Mónica Oltra, afeó con contundencia la decisión a su socio, que también repite como candidato.
Ambos son los únicos que repiten, puesto que PP, Ciudadanos y Podem acuden a las elecciones con caras nuevas. Por los populares concurre Isabel Bonig, la que fue consellera de Infraestructuras con los presidentes Francisco Camps y Alberto Fabra y quien ha sido la principal referencia de la oposición durante los cuatro años del llamado Pacte del Botànic.
Impuestos y financiación
Como en Andalucía, la irrupción de Vox y un eventual pacto de investidura que incluya también a Ciudadanos sitúa como presidenciable a la dirigente del PP, cuyo programa económico apuesta por una bajada de los impuestos de sucesiones y donaciones, modificados al alza por el actual Consell.
Por Ciudadanos el candidato es el hasta ahora diputado en el Congreso Toni Cantó, una cara conocida que hace soñar a la formación naranja con adelantar al PP y, en caso de que le dé la suma al centro-derecha, que sea el actor el próximo presidente de la Generalitat. En materia económica las propuestas de Ciudadanos para la Generalitat Valenciana son similares a las de los populares. Quieren también una bajada impositiva. Donde se aprecian diferencias es en el asunto de la infrafinanciación y la deuda histórica de la Comunitat, que es la peor tratada por el Estado en financiación por habitante. Sobre esta cuestión PP y PSPV han sido más o menos contundentes en función de quién estuviera sentado en la Moncloa, pero a Ciudadanos no le ha hecho falta ninguna hipoteca para ponerse de perfil debido a su marcado centralismo.
Esta sí será una de las cuestiones que permita a Compromís diferenciarse de sus socios del PSPV, quienes tuvieron que tragarse el sapo de la infrafinanciación nada más llegar al poder Pedro Sánchez. Poco tardó el presidente en dar por imposible una reforma del modelo de financiación por sus escasos apoyos, y esta será, en consecuencia, una importante baza a explortar por Compromís y Podem.
En el caso de la formación morada, que acude a las urnas con el exdiputado Rubén Martínez Dalmau como candidato, también cuenta con la munición que no ha podido detonar esta legislatura. Podem intentó sin éxito aplicar tasas sobre los productos con azúcar, el turismo o los residuos, y todas fueron frenadas o suavizadas por el PSPV. Y para diferencial, el programa de Vox -aún sin candidato oficial- que aspira a una rotunda reducción del gasto público que incluye cerrar la reabierta televisión pública À Punt.
