El Gobierno de Pedro Sánchez viene adelantando estos días que está dispuesto a aprobar vía decreto ley seis leyes a poco más de dos meses de las elecciones generales del 28 de abril. El escaso margen del que dispone, puesto que el 5 de marzo se disuelven las Cortes, le obliga a tramitar estas medidas legislativas haciendo uso de un órgano excepcional, la Diputación Permanente del Congreso, fijado en el capítulo V de la Constitución Española en los casos de disolución o expiración del mandato del Congreso de los Diputados. La discusión que buena parte de la cámara dejó ayer planteada es si una reforma laboral cabe en el uso que el Ejecutivo puede hacer de la Diputación Permanente en pleno periodo de precampaña electoral. Miembros de dicho órgano muestran su extrañeza. Y es que antecedentes como éste no existen.
La Diputación Permamente es el órgano que vela por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas, y además en los casos de disolución de las Cortes. Ante esta última eventualidad, que es la que ahora nos atañe, la Diputación Permamente asume todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes atribuye al Congreso de los Diputados el artículo 86 de la Constitución. Asimismo, ejerce las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución.
Puede ser convocada a iniciativa del presidente del Gobierno, por petición de dos grupos parlamentarios y por petición de 1/5 de la cámara
Con un mínimo de 21 miembros, hoy con 64 diputados sentados en la Diputación Permanente (entre ellos la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y cuatro miembros más de la Mesa, además de 59 vocales de todas las formaciones políticas, la Diputación puede ser convocada a iniciativa del presidente del Gobierno, por la petición de dos grupos parlamentarios y por la petición de 1/5 de la cámara.
Hasta ahora, al menos esos son los datos históricos que constan en la Diputación, el órgano no se ha tenido que reunir para introducir iniciativas políticas que se han quedado colgadas del tiempo parlamentario. Como máximo, se ha convocado un pleno extraordinario, pero con llamada a todos los diputados de la cámara, por lo que siempre ha sido con la legislatura viva, aunque hubiera un frenazo en el periodo de sesiones.
La situación de ahora es distinta y anómala en el proceder político. El Gobierno quiere aprovechar esa puerta que deja abierta la ley para aprobar varias medidas como la reforma laboral, las ayudas al subsidio de los mayores de 52 años, entre otras. La sustitución del Parlamento por la Diputación Permanente cambia todo. Para empezar, las Cortes tramitarán los decretos ley como proyectos de ley por el trámite de urgencia. De otro modo, el trámite se alargaría con ámbitos lógicos como las comisiones o las enmiendas.
Los partidos, en líneas generales, remarcan que no parece muy decoroso apoyarse en un mecanismo legislativo como éste
La actuación del Gobierno, pese a las declaraciones oficiales, no fue ayer bien valorada. Los partidos, en líneas generales, remarcan que no parece muy decoroso apoyarse en un mecanismo legislativo como éste para aprobar decretos-leyes que se deberían haber tramitado de otra forma, y en el tiempo que correspondía. "Es como si un alcalde inaugura un polideportivo mientras hace campaña electoral", matiza un diputado nacionalista.
Lo inusual del procedimiento, la determinación del Gobierno de Sánchez se puede encontrar con otros obstáculos. La lógica indica que el trámite será insuficiente para aprobar las medidas y, en el caso de que sí llegara a tiempo, lo normal es que el próximo Gobierno tumbe las iniciativas de última hora de Sánchez, y vuelta a empezar.
Estos últimos días, la Diputación Permanente ha sido noticia por la exclusión del Grupo Socialista de su diputado José María Barreda. Este órgano es el único que permanece cuando se cierran las cámaras, y tiene también la casuística de que sus miembros, son los únicos que siguen cobrando hasta el final de la legislatura y hasta el arranque de la próxima.
