Este próximo martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, dará a conocer el organigrama completo de su Gobierno. Con esta resolución quedarán cesadas 2.607 personas, de las cuales, 326 corresponde a altos cargos (consejeros, viceconsejeros, directores generales, directores gerentes, secretarios generales, etc.), 144 son personal eventual y asesoramiento, y el resto, hasta completar 2.607 personas, son 2.137 puestos de funcionarios de libre designación, tal y como reconoció en su día a elEconomista, el gabinete de Presidencia de Susana Díaz.
Los datos de cesantía no son más que un tránsito de rigor cuando una Administración cambia de color político. Y la acción del Gobierno PP-Cs se dirige ahora no a la Administración general de la Junta, sino a la paralela. Para más señas, a 14 entes instrumentales (de los 63 que hay) que suponen un desembolso de 303 millones, con 11.556 personas a su cargo -según datos del portal de transparencia a los que ha tenido acceso elEconomista.
Una vez aprobados los criterios, y en un plazo de 45 días, la primera actuación del Ejecutivo examinará de arriba a abajo la Agencia de Servicios Sociales en Andalucía, Assda; la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía, Avra, la Agencia Andaluza del Conocimiento; la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; la Agencia de Cooperación Internacional; la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Amaya; la Agencia de Obras Públicas de la Junta; la Agencia Pública de la Educación; la Agencia Pública de Puertos de Andalucía; el Instituto Andaluz de Patrimonio Artístico; Canal Sur Radio y Televisión; Agencia Pública Em-presarial de Radio y Televisión de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Idea. En suma, 11.556 trabajadores, cuyo coste total es de 303.748.442 euros.
¿Una agencia de colocación?
El cese de estas 2.607 personas podría ser el antecedente a una posterior evaluación de una tupida red clientelar permeabilizada en fundaciones, consorcios y empresas públicas -conocidas popularmente como chiringuitos- de la que forman parte, entre otros, políticos, sindicalistas, afiliados, mujeres y esposos de dirigentes socialistas, hijos, sobrinos, yernos, nueras y, amigos, correspondientes a clanes familiares del Partido Socialista. Desde los hermanos de Manuel Chaves en Canal Sur, en la dirección de la Junta y en la Seguridad de la misma, pasando por la mujer y la hermana de Mario Jiménez, sin dejar atrás a los Monteseirín, los Salinas, los Rodríguez de la Borbolla, Javier Pérez Royo, Pepe Caballos, los Cervera, el clan de Gaspar Zarrías, el de los Pizarro y el de Alcalá-Chiclana de la Frontera, lo que recoge en La tela de Araña Pedro de Tena, delegado de El Mundo en Andalucía e investigador del caso Alfonso Guerra.
En la actualidad, la radiografía de los efectivos del sector público de la Junta distingue de sus 270.101 trabajadores, aquellos que cobran su sueldo de la Administración General y sectores -es decir, del Capítulo I de gastos de personal-, y aquellos que reciben el salario de los entes instrumentales (27.304 personas, según un informe emitido por la Junta en los últimos días de Gobierno de Susana Díaz).
Entre fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles, sin dejar atrás la antigua Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) reabsorbida por el Servicio Andaluz de Empleo, con denuncias por la duplicidad de funciones de los empleados procedentes del Fondo, aún resuenan los 16 procedimientos de los ERE en el Tribunal de Cuentas, o las tarjetas black que siguen en los tribunales.
Exalcaldes y concejales que recalaron en las costuras de entes instrumentales, como el de la Fundación Doñana; ceses por el escándalo de la contratación sin concurso, como docente, de la hija de un inspector de Educación. Duplicidades funcionales en Vivienda. Corruptelas en la Agencia AVRA, tramas de corrupción, viviendas sociales sin ocupar, subvenciones con- sumadas con pagos sin acreditar.
Colocaciones de nuevo de familiares como ocurrió con la mujer del alcalde Juan Espada (enchufada en Faffe), con familiares del edil Sánchez Monteseirín. Ahí está la duplicidad del caso de un jefe de Promoción Turística, que dimite al enterarse de que un ente instrumental desplegaba funciones propias de su negociado, sostienen a elEconomista fuentes de sindicatos de funcionarios. El culmen llegaba con situaciones pintorescas, como las declaraciones del último consejero de Empleo de la Junta, Javier Carnero. En los últimos días de Gobierno de Susana Díaz, Carnero admitió que los trabajadores de la Faffe, ubicados en el Servicio Andaluz de Empleo, están "mano sobre mano", porque no tienen funciones asignadas en el catálogo de trabajo.
Sueldos como los privados
Brujuleando en el portal de transparencia se puede ver todavía el rango salarial de empleados públicos de la administración paralela cómo en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, donde hay 14 jefes que cobran 50.000 euros anuales, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Idea, con 54 jefes con sueldos de 50.000 euros al mes, la Agencia de Obra Pública de la Junta, con 36 jefes y con 50.000 euros/año, la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía, con 7 jefes que cobran 70.000 euros al año y 22 que perciben 60.000 y otros 19, que cobran 50.000. En Verificaciones Industriales de Andalucía (ITV) 97 jefes cobran 50.000 euros anuales y, en la Fundación Pública Andaluza de Progreso y Salud nos encontramos con 81 sueldos, siete de los cuales reciben 150.000 euros.
Por cierto que justo antes de que Susana Díaz se marchara de la Junta, la información relativa a la Agencia por el Conocimiento, la Agencia de Puertos y la Agencia Exterior, Extenda, desaparecían.
