El asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) ha reabierto el debate sobre la eficacia de la prisión permanente revisable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que trabaja para reforzar la seguridad de las mujeres y ha señalado que la medida aprobada por el PP no ha frenado el último crimen machista, situando de nuevo las dudas la efectividad de la norma.
Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien ha ahondado más en el anuncio al confirmar que el Gobierno se plantea reformar el Código Penal en su artículo 106 sobre la libertad vigilada para mejorar la vigilancia de expresos con delitos "muy graves" y en especial contra la libertad sexual de las mujeres, categoría en la que se encuentra el asesino confeso de Luelmo.
El cara a cara entre Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha sido el resurgimiento de un debate que existe desde antes de su aprobación: ¿es útil la prisión permanente revisable contra este tipo de crímenes?
Según el 'popular', la prisión permanente revisable es la "mejor fórmula" para evitar la reincidencia, meter a asesinos y violadores en la cárcel y evitar que salgan si no están reinsertados. El problema viene con la libertad. Según los expertos con los que trabaja el Gobierno apuntados por Calvo, hay delitos peligrosos de difícil reinserción que requieren medidas a posteriori.
Sobre si el Gobierno derogará la prisión permanente revisable, Sánchez ha apuntado a que esperará a que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Aunque hay algunas medidas en marcha, propiciadas por la actualidad de otros casos que trascendieron a los medios de comunicación, la aprobación de medidas en este sentido es lenta. Más de un año después de aprobarse el Pacto contra la Violencia Machista, no se ha implantado aún más de 80% de las medidas que contempla.
La actualización de la tipificación de los delitos sexuales es uno de los trabajos que se puso en marcha para la protección de las mujeres tras la condena a 'La Manada' por abuso y no por agresión sexual. El Gobierno apuesta por el consentimiento explícito para las relaciones sexuales, sin embargo la reforma está encallada en cómo demostrar que lo hubo.
