A falta de un "viraje", y del fin de los "postureos", el Gobierno del cambio en Andalucía, de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos, podría ser una realidad antes de que acabe el año, o como sumo para Reyes. Así lo confirmaron este jueves fuentes de los dos partidos en el transcurso del acto institucional organizado por el Congreso de los Diputados para celebrar el 40 aniversario de la Constitución de 1978.
Para ello se ha constituido una mesa de trabajo en la que el secretario del Partido Popular, Teodoro García-Egea y, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, llevarán a cabo las negociaciones, por ahora, solo a dos bandas, es decir, sin la presencia de Vox.
Desde Ciudadanos se transmite, haciendo revisión de las primeras declaraciones, que ésta es una oportunidad histórica para cambiar el Gobierno de Andalucía, y por tanto hay que trabajar por un pacto que haga posible desterrar a Susana Díaz de San Telmo.
Ayer, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que buscará un pacto "global" con Ciudadanos (Cs) en Andalucía tras los comicios del 2 de diciembre que incluya la Mesa del Parlamento y la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.
En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el líder de los populares indicó que para conseguir esa alternancia en la Junta su "interlocutor" es el partido de Albert Rivera, con quien ha estado departiendo un buen rato este mismo jueves al coincidir en ese acto de cumpleaños de la Ley Fundamental. Casado explicó que lo que busca el Partido Popular es un acuerdo "de 47 escaños" -como los que logró Susana Díaz en las elecciones de 2015-, al que se podría sumar después Vox. De hecho, considera que si el partido de Santiago Abascal no les apoya para que Moreno sea investido, tendrá que explicarlo.
Sin embargo, Vox ha dicho públicamente estos días que promoverán ese cambio al frente de la Junta porque es lo que, a su juicio, han pedido los andaluces. Además, señaló que no quieren sillones, sino medidas y políticas, como el cierre de Canal Sur, una reforma del Estatuto andaluz que devuelva las competencias de Sanidad y Educación al Estado, abrir una auditoria "por el fraude del PER" o un estudio detallado de "organismos superfluos", entre otras.
Precisamente, sobre Canal Sur se pronunció ayer Juan Manuel Moreno Bonilla, admitiendo que no está de acuerdo con el cierre.
