Rodeada de otras constituciones, la española es la más virgen de todas las grandes leyes dentro de la Unión Europea. Casi inmaculada, con dos reformas, más al amparo de las exigencias europeas que de las demandas domésticas -como fue el caso de la reforma del artículo 135, donde PSOE y PP se pusieron de acuerdo por teléfono para establecer una regla de gasto-, la nuestra se aleja con distancia de la práctica habitual de países vecinos como Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica o Portugal.
Sin lugar a dudas, la ley suprema de Estados Unidos es la Constitución federal más antigua del mundo. Con origen en 1787, el texto se ha ido reformando hasta en 27 ocasiones, siempre a través de enmiendas. Al otro lado del Océano Atlántico, en Alemania, los cambios a su Ley Fundamental (Grundgesetz) se han repetido consecutivamente 60 veces, para tratar de dar respuesta, entre otros problemas, a las migraciones de postguerra, los ataques terroristas de la Fracción del Ejército Rojo o la formación de la Unión Europea, un punto que queda pendiente de recoger en nuestra Carta Magna, si bien nuestro TC no lo considera indispensable.
Próximos también, los italianos, han modificado su Constitución hasta en 12 ocasiones, mientras nuestros vecinos portugueses lo han hecho en siete, la última de ellas, en 2005. Lo cierto es que la portuguesa es una Constitución fácil de reformar, siempre y cuando se trate de cambios parciales y no se exija que el texto global sea revocado.
Los franceses, con una Constitución desde 1958, veinte años antes que nosotros, han reformado el texto 24 veces. Sus modificaciones han comprendido desde la corrección de términos relativos a la descolonización, pasando por el proceso de unidad europea o la igualdad de hombres y mujeres.
Algo más lejos, envueltos por una crisis del Brexit, inmarcesible, el Reino Unido se rige por una constitución que dista del resto de las cartas magnas europeas. La diferencia estriba en que no existe un único documento constitucional. Y su forma se traduce en actos del Parlamento, jurisprudencia y tratados, a los que además se añaden convenciones constitucionales del Parlamento y prerrogativas reales.
Muy votada, pero desconocida
La Constitución Española fue aprobada por el 88,54 por ciento de los votos emitidos un 6 de diciembre de 1978. En aquel momento histórico, el 58,97 por ciento del censo electoral decidió acudir a las urnas. Y aunque el apoyo fue masivo en todas y cada una de las circunscripciones de España, sin excepción, Cataluña, Baleares y Andalucía fueron las que dieron mayor respaldo a la Carta Magna, mientras los datos más bajos de participación se daban en País Vasco y Galicia, con el 44,7 por ciento y el 50,2 por ciento, respectivamente.
Al cabo de los años, el grado de conocimiento de aquel texto dividido en 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y 10 Títulos más -fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, y en el establecimiento de una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, siendo un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político-, según datos del CIS, solo un 15,8 por ciento de los ciudadanos reconoce haberla leído entera, un 31,1 por ciento dice haber leído un artículo suelto, y casi la mitad, el 48,9 por ciento, admite que no la ha hojeado nunca.
