La Constitución Española de 1978 celebra hoy su 40 cumpleaños. A lo largo de cuatro décadas, superando, desde un golpe de Estado, la abdicación de un monarca, tres duras crisis económicas y una moción de censura, durante estos años, la Carta Magna apenas ha experimentado dos reformas: una en 1992 y otra en 2017.
La primera de ellas añadió en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Y la segunda, la más reciente -esta vez de la mano del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento de urgencia nacional y por vía exprés-, afectó al artículo 135 con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas, y reforzando así el compromiso de España con la UE en sostenibilidad económica y social.
Cambiar la Constitución siempre ha sido un anatema dentro de la clase política española. Ningún partido político se ha atrevido a abordar en serio esta cuestión. Y en la actualidad, la fragmentación parlamentaria bloquea de forma permanente cualquier tipo de cambio. Sin embargo, el hecho de que la ley de leyes no haya sufrido variaciones de calado en casi medio siglo, no impide que en los últimos años las diferentes formaciones políticas expresen sus demandas y no cesen verbalmente de enmendar el texto día sí, día también. Entre esas enmiendas, los partidos secesionistas y soberanistas insisten en el reconocimiento de las naciones dentro del Estado, y en la inclusión del derecho a decidir, así como en la defensa de la República, un clásico en los principios políticos de Unidos Podemos y en el de todas las formaciones a la izquierda de Pablo Iglesias.
En 2015, el Consejo de Estado emitía un dictamen a propósito de cuatro grandes reformas. El órgano consultivo valoraba la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas en la Carta Magna, incluía la sucesión al trono con la supresión de la preferencia del varón, contemplaba la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea y, por último, aceptaba la reforma del Senado, proponiendo la reducción en 25 del número de senadores, además de la dotación de mayor poder legislativo. Pero 13 años más tarde, ninguna de estas cuatro reformas ha visto la luz, siendo, no obstante, la de la cámara territorial una de las principales promesas de los partidos en campaña electoral. La última propuesta de reforma constitucional ha venido estos días de la mano del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con su idea de limitar los aforamientos de los cargos políticos. El planteamiento de retocar la Constitución, sin dejar de ser una reforma ordinaria, choca con la mayoría de tres quintos de las dos Cámaras, el guarismo necesario para propiciar un cambio, que a la postre se puede quedar en agua de borrajas.
Más difícil aún que limitar los aforamientos es desterrar del texto constitucional la inviolabilidad del monarca, a pesar de que el jefe del Ejecutivo ha afirmado estos días que "no habría ningún problema por parte del Rey". Un precepto, que en opinión de Sánchez, se ha quedado caduco dentro del Carta Magna, lo que por cierto tuvo que ser desmentido por el propio Gobierno y por el Partido Socialista, y catalogarlo en el apartado de reflexiones presidenciales.
Espíritu constituyente
Con motivo de las jornadas Abogacía y Constitución: 40 años de tutela judicial efectiva, el catedrático en Derecho Constitucional, Óscar Alzaga, se pronunciaba a favor de la reforma de la Carta Magna, señalando países como Alemania en los que se lleva a cabo la modificación de "un artículo por año", mientras que en España solo se han dado "reformas puntuales". Entre las prioritarias reformas, Alzaga aboga por cambiar el artículo relacionado con el orden sucesorio a la Corona, ya que no hay una monarquía parlamentaria en Europa que "mantenga la prevalencia del hombre sobre la mujer". "No podemos ser una excepción, eso es una antigualla, no somos una sociedad atrasada", enfatizaba.
Una reforma como la del orden sucesorio no es baladí. Para suprimir la preferencia del varón, como la inviolabilidad del Rey, se requiere del apoyo a la reforma de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución inmediata de las Cortes, la celebración de unas elecciones generales, y que el nuevo Parlamento refrende dicha reforma. De ahí la posibilidad de que la larga lista de reformas se quede en tierra de nadie. Los mecanismos para aplicar un bisturí a la Constitución están blindados. Si bien, cuando se trata de cambios que no alcanzan al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, el requisito pasa por la fórmula del consenso. Tres quintos de las Cámaras legislativas son suficientes.
La cuestión no es por tanto si la Constitución goza de apoyo masivo o de si muchos de los españoles que la votaron en 1978 ya no viven, o de si muchos de los que ahora tienen derecho a votar, no la votaron. El espíritu constituyente pasa primero por el consenso, recuerdan Felipe González y Miquel Roca, padre de la Constitución. La pregunta es qué se quiere cambiar, y con qué apoyos cuenta.
Mientras para los soberanistas la Constitución no ha sabido dar respuesta a las aspiraciones nacionalistas, o para ciertos sectores de la izquierda la república es una necesidad perentoria -lo que no resulta preeminente, a tenor del volumen de demanda-, en consonancia con los nuevos tiempos, los retos de la mayoría parlamentaria, lejos de la lucha partidista, siguen siendo básicamente los mismos: desde la redefinición del Estado autonómico, la conversión del Senado, el cambio en el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, el fin de los aforamientos, la adaptación al lenguaje actual y la no discriminación de la mujer frente al hombre en la sucesión de la Corona, entre otros temas. En definitiva, cambios posibles sin necesidad de perturbar el espíritu de la Constitución.
