La ponencia del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores, arrancó el martes con el análisis de los primeros artículos de la norma, en los que ya se ha evidenciado dos cosas: las diferencias que separan a PSOE y Unidos Podemos con el PP y Ciudadanos y la difícil misión que será la de pactar las modificaciones.
La ponencia dio el 'pistoletazo de salida' a la discusión de la proposición de ley del PNV para reformar la ley que el PP aprobó el solitario en 2015, y de las más de 200 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado en busca de un acuerdo.
Seis horas para 13 artículos
La idea inicial de los grupos era 'encerrarse' mañana y tarde para avanzar lo máximo posible en la búsqueda de consensos, pero en la primera reunión de trabajo, que duró en torno a seis horas, los grupos vieron 13 de los 54 artículos de la norma, sin contar con las disposiciones adicionales.
Esos primeros 13 artículos repasan las disposiciones generales de la ley, esto es, la definición de seguridad ciudadana y su ámbito de aplicación, así como la regulación de la expedición y uso del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Aunque la ponencia no entró aún a discutir los asuntos más conflictivos de la norma, en estos primeros artículos que se han estudiado ya se han puesto de relieve las divergencias entre dos bloques: por un lado el PP y Ciudadanos y por otro el PSOE y Unidos Podemos, apoyados por el PNV y otras minorías.
Seguridad ciudadana: "Garantía del ejercicio de derechos y libertades en el espacio público y de una convivencia pacífica"
De entrada, se ha acotado la definición de seguridad ciudadana como "garantía del ejercicio de derechos y libertades en el espacio público y de una convivencia pacífica", pero con algunos 'peros' de los 'populares' y la formación naranja, que dudaban de limitar así el concepto.
Asimismo, se ha visto una mayoría en favor de incluir en la ley la expedición y uso del DNI en cualquiera de las lenguas cooficiales, algo que existe en la práctica pero que no estaba regulado por ley. En este punto, el PP, por ejemplo, ha cuestionado que se le dé rango de ley a este asunto frente al PSOE y Unidos Podemos que defienden la pluralidad lingüística.
En todos estos asuntos de discrepancia, las espadas quedaron en alto y los grupos disconformes siempre tendrán la opción de defender sus propias enmiendas en la Comisión de Interior.
La ponencia acordó citarse de nuevo el próximo 12 de diciembre para continuar analizando el resto del texto auspiciado por el PNV. En concreto, se prevé que ese día los grupos comiencen ya a hablar de las potestades de los policías, donde se prevén discrepancias más relevantes.
En todo caso, el debate de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana durará "semanas", según ha admitido este martes el presidente de la Comisión de Interior, el 'popular' Rafael Catalá, debido a su "complejidad".
De hecho, el PSOE ya ha pedido que se habilite el mes de enero con el fin de poder seguir trabajando sobre un texto que aspira que esté listo "lo antes posible". En ese escenario, el Congreso y el Senado podrían culminar la reforma y completar la tramitación parlamentaria antes del verano de 2019.
