La Guardia Civil ha registrado este martes la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) y siete empresas de Barcelona en el marco de una operación ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional (AN), José de la Mata, que deriva de la causa del 'caso 3%' sobre pago de comisiones ilegales en adjudicaciones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los registros se han lllevado a cabo, además de en la sede de la Acco, en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.
Desde las 09:00 horas de esta mañana, agentes del Servicio de Informacion de la Guardia Civil han efectuado registros en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, aunque no hay detenciones detenciones. Se investiga un presunto delito de administración desleal.
La Guardia Civil se ha llevado de la sede de la Acco información sobre un expediente que la propia entidad tiene abierto "por una posible connivencia entre empresas constructoras en la adjudicación de contratos de obras públicas", ha declarado a los periodistas el presidente de este organismo, Marcel Coderch.
La Guardia Civil ha entrado con orden judicial y ha salido sobre las 13:00 horas. El juez ha solicitado registros en ocho empresas, así como 13 despachos profesionales, y requerimientos en la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat y la Acco para investigar posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas.
Requerimiento sobre un expediente ya abierto
En declaraciones a los medios, Coderch ha explicado que en el caso de la Acco se trata de un requerimiento de información sobre un expediente abierto por el mismo organismo, y que la actuación no va contra ellos.
"En ningún caso la actuación va dirigida a nada que haya podido hacer la Autoridad Catalana de la Competencia. Supongo que al revés: quizás nos podrían felicitar por habernos anticipado hasta un año, año y medio", ha dicho.
Coderch ha insistido en que son ellos mismos los que están facilitando toda la información sobre este expediente, que recogieron en varias inspecciones que realizaron en las empresas en cuestión: "Somos partícipes de una operación más amplia".
Por eso, cree que la Guardia Civil podría haber recogido esta información de forma más discreta, ya que "hay procedimientos normales de requerimiento de información que muchos juzgados hacen servir. Entiendo que son las circunstancias en que se encuentra el país".
3,3 gigas de información digital
Coderch ha explicado que la Guardia Civil ha requerido toda la información recabada y todas las actas de las inspecciones: "Son 3,3 gigas de información digital sobre estas diferentes empresas".
"Tuvimos indicios de que podría haber habido unos acuerdos previos entre diversas empresas constructoras a la hora de adjudicarse determinados contratos de obra pública", ha detallado, y ha añadido que ante esto lo que hacen es iniciar actos de inspección y obtener información.
"La estamos procesando. Aún no hemos decidido si hay suficientes indicios de que haya habido una violación de las leyes de la competencia, pero esto está reducido en nuestro ámbito, que es el de las leyes de la competencia", ha aclarado Coderch.
Cuando se ha iniciado el registro, la mayor parte del personal de la Acco no estaba en la sede porque están haciendo otras inspecciones en otros expedientes: "Prácticamente no hay nadie".
