El Gobierno socialista dará prioridad a la anulación de las sentencias franquistas tras plegarse a las exigencias hechas en las últimas horas por sus socios parlamentarios catalanes, ERC y PDeCAT. El hecho de que la medida se haya situado en el primer plano político ha levantado las primeras dudas jurídicas sobre su viabilidad.
Fue la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien señaló ayer y ha ratificado hoy que el Ejecutivo se compromete a aprobar antes del final de la legislatura la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. Lastra cree que hay "buena sintonía" con los socios catalanes del Gobierno en este tema, pero ni ha aclarado cómo se llevaría a cabo ni ha entrado a valorar el alcance de la misma.
Precisamente este último extremo es el que ha empezado a despertar inquietud en el ámbito jurídico. Los primeros juristas que se han empezado a pronunciar sobre el particular no tienen claro sobre qué sentencias concretas se aplicará la nulidad o sobre los efectos que esta norma tendría en el actual ordenamiento judicial. Aunque la mayoría ha abogado porque esta reparación de la Memoria Histórica sería puramente simbólica, la aplicación podría presentar grietas y lagunas, como qué sucedería con las posibles reclamaciones de indemnizaciones de las víctimas.
El catedrático de Derecho Diego López Garrido, ex diputado del PSOE, ha recalcado en una entrevista en la Cadena Ser que "anular por ley una sentencia contradice frontalmente el principio de seguridad jurídica". "El problema que hay es que si la base para la nulidad de una sentencia es la ilegitimidad del régimen político, eso se aplicaría a todas las sentencias emitidas por tribunales durante el franquismo", ha enfatizado antes de concluir que así "se pondrían en cuestión miles de sentencias y colapsaría el sistema judicial".
Posible inseguridad jurídica
Afinando más su explicación, López Garrido sostiene que "el poder legislativo no es el adecuado para anular una sentencia, eso tiene que provenir de otro tribunal". Además, puntualiza que "la ley de memoria histórica ya reconoce la ilegitimidad de esos tribunales [franquistas], pero esto es la nulidad de las sentencias". Por último, ha glosado su gran duda, que es "en base a qué criterio se anularían unas sentencias sí y otras no".
Bastante más optimista se ha mostrado el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. En una entrevista en laSexta ha defendido la iniciativa y ha asegurado que la base normativa de la misma radicará en que en ella quede muy definido qué se derogará y qué no. En este sentido, ha dejado cualquier posible repercusión de la ley en "la voluntad del legislador". De hecho, ha afirmado que la posibilidad de dar indemnizaciones dependerá de lo que decida el legislativo.
"Hay fórmulas jurídicas para expulsar esas sentencias de nuestro ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica fue vulnerada por el franquismo", ha dicho Bosch antes de insistir en que esta medida se fundamenta sobre todo en "la defensa de los DDHH". De la misma manera, ha apuntalado su argumento asegurando que muchos miembros de estos tribunales franquistas que condenaban a muerte estaban formados por militares y no por jueces. También ha puesto de ejemplo leyes alemanas respecto a sentencias de tribunales nazis.
Ni siquiera está claro cómo se piensa sacar adelante la medida, siendo una de las opciones una profunda reforma de la Ley de Memoria Histórica. Ya el pasado mes de julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecía en la comisión del ramo en el Congreso para anunciar que el Gobierno impulsaría una reforma integral de la ley de Memoria Histórica que contemplase, entre otras medidas, "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias".
ERC y la sentencia de Companys
Pese al anuncio de Delgado y que Lastra ha insistido en que la medida venía en el programa de su partido, el compromiso socialista de dar prioridad al tema ha llegado después de que ERC avisase al Gobierno esta semana de que condicionaría su apoyo al decreto en el Congreso a que existiera el compromiso firme en lo que queda de legislatura de anular estas sentencias, especialmente la condena a muerte dictada el expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940. Ha sido ésta última una reivindicación que la formación catalana lleva haciendo años.
"El Gobierno conoce y el PSOE sabe desde hace mucho tiempo cuál es nuestra posición", señalaba esta semana el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. El dirigente republicano consideraba "simbólicamente importante, por todo lo que representa", la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pero recordaba que sus reivindicaciones en materia de memoria histórica "van mucho más allá" y pasan por "la reparación a todas las víctimas del franquismo, en España y en Cataluña, que el Estado español nunca hasta ahora ha tenido el coraje de asumir".
La imposibilidad de incluir la anulación de sentencias franquistas fue justamente el motivo que llevó a ERC a votar en contra de la ley de Memoria Histórica impulsada por el PSOE en 2007. Desde ERC insisten en que, tres años antes, los socialistas se habían comprometido a "restablecer la dignidad y el honor" del president fusilado "y la de todos los represaliados por el régimen de Franco", informa Europa Press.
El PDeCAT, menos beligerante
En esta legislatura, el Gobierno del PP vetó dos veces sendas proposiciones de ley Esquerra aduciendo razones presupuestarias. ERC volvió a registrarla el pasado 18 de julio, ya con Gobierno del PSOE, esperando que esta vez pueda debatirse.
La postura del PDeCAT, sin embargo, no ha sido tan beligerante. El portavoz de la formación en el Congreso, Carles Campuzano, también pedía este miércoles ir "más allá" de la exhumación y anular las citadas sentencias, pero no convertía la exigencia en un condicionante para la votación del decreto.
El propio Campuzano precisaba que "en ningún caso" sus votos iban a impedir que prosperase el decreto y se congratulaba de la decisión del Gobierno: "Bienvenida la exhumación de los restos de Franco, ya tocaba 40 años después de su muerte".
