La Policía Nacional se opondrá a inspeccionar los centros de trabajo como pide el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de los objetivos del Plan Director para un Trabajo Digno, aprobado en Consejo de Ministros a finales de julio, y que trata de combatir la precariedad laboral y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo. Así se lo han hecho saber a este periódico fuentes de los sindicatos policiales, cuyos agentes son uno de los protagonistas de dicha medida, destacando, entre otras razones, "no estar preparados para funciones administrativas que corresponden por su conocimiento solo a la inspección laboral".
No obstante, desde el SUP, el sindicato mayoritario de policías, se piensa que la aplicación "no se va a llevar a efecto". "Comprendemos que estén desbordados en la Inspección de Trabajo, que les falte personal [añaden], pero cada uno tiene que estar para lo que está", puntualizan al respecto. "Una cosa es inspeccionar un lugar de alterne, en el que sabes que puede haber trata de mujeres", argumentan, y otra bien distinta es que entremos en los lugares de trabajo para saber qué tipo de contratos tienen, si explotan o no a los becarios o si hay falsos autónomos. Nosotros [insisten] no tenemos esos conocimientos técnicos. Y la Agencia Tributaria y la Seguridad Social están de acuerdo con nosotros".
La Guardia Civil , por su parte, se remite a la voz del Ministerio de Interior, de quien dependen todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Así pues, silencio administrativo y obediencia. Igual que los Mossos, que vienen a decir lo mismo. "Nosotros -cuentan a elEconomista-, lo que diga la ley, no podemos posicionarnos".
Un consenso a debate
La propuesta, ya recogida en el borrador, afirma que los inspectores de Trabajo contarán con la colaboración activa de todos los agentes de seguridad; es decir, policías nacionales, autonómicos y locales, así como los agentes del Cuerpo de la Benemérita. Los Mossos y los Ertzainas también se verán afectados.
La falta de personal inspector, la saturación de inspecciones, y el tiempo que habrá de pasar para que se habiliten se celebren las oposiciones para incorporar a 833 nuevos inspectores y subinspectores, como desde Trabajo ya anunció la ministra del ramo, Magdalena Valerio, es por lo que esta idea ha tomado fuerza en el marco de dos planes de choque: el previsto contra el fraude en la contratación laboral, y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas.
En el día de presentación del Plan Director, la ministra Valerio explicó que dicho proyecto había sido consultado a las comunidades, a los agentes sociales, a las asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social, y que estas habían aportado observaciones y sugerencias. Pero lo cierto es que el llamado consenso no es lo que precisamente llamó la atención de este plan a la CEOE. La patronal ha rebatido hasta el nombre del Plan Director, para un Trabajo Digno, mostrando sus discrepancias, empezando por el título, pues en opinión de la CEOE, hablar de explotación laboral no corresponde con la realidad de un país de la Unión Europea.
No lo ve así el representante sindical de la UGT, Pepe Álvarez. Con reparos porque las medidas sirvan para erradicar del todo la precariedad laboral y mejorar la calidad de los empleos, Álvarez apoya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen como autoridad laboral, pues defiende que cualquiera de estos profesionales tiene que tener los conocimientos suficientes en materia laboral que le permitan presentarse a un establecimiento comercial y demandar cuál es la situación de sus trabajadores.
La etapa del PP
El aprobado Plan Director por un Trabajo Digno, de Magdalena Valerio, no es más que la prolongación, grosso modo, de los anteriores planes de lucha contra el fraude de 2012, la Ley sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2017 y, el último Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2018-2020 que logró aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy en un Consejo de Ministros el pasado mes de abril. En ese plan aparece nuevamente el desarrollo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, de la que ya habló la ministra Fátima Báñez en 2014.
Y es precisamente en el desarrollo de esta figura, la Oficina contra el fraude, donde se contempla la incorporación en las inspecciones de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha -precisaba entonces- contra la economía sumergida.
Como ahora, la idea era que se tuvieran por ciertos los hechos comprobados por los agentes de la autoridad sobre las irregularidades cometidas por empresas, trabajadores o beneficiarios de prestaciones sociales, salvo prueba en contrario de los presuntos infractores.
La Labor de la Policía y de la Guardia Civil podría ser aducida como prueba por la Inspección de Trabajo en los procedimientos iniciados por esta. Así pues, resumía la norma que se desarrolló años más tarde, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes estarán obligados a prestar apoyo, auxilio y colaboración.
Registros sorpresa y más sanciones
Entre las 75 medidas operativas que recoge el 'Plan Director por un Trabajo Digno', 2018-2020 se incluyen el aumento de las inspecciones sorpresas en los centros de trabajo, el refuerzo de dichas inspecciones -aquí es donde encaja el nuevo papel que se le quiere dar a los agentes de seguridad del Estado-, la obligación de registrar a diario la hora de salida y de entrada de cada trabajador, la unidad de lucha contra la discriminación de género, nuevas ofertas de empleo público para inspectores y subinspectores (en la actualidad cuenta con 1.876 personas), sanciones a las empresas, sin conformarse con el hecho de convertir un empleo temporal en fijo, control de falsos becarios, y lucha contra la contratación fraudulenta de profesores.
