En plena escalada de tensión con la vecina Venezuela, agitada por la polémica en torno al supuesto atentado contra Nicolás Maduro, el conservador del Centro Democrático Iván Duque recogió ayer el testigo de Juan Manuel Santos y se convirtió, a sus 42 años, en el presidente más joven de la historia de Colombia. Arranca ahora un mandato de difícil tránsito hacia la reconciliación con la ya exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que tendrá que reconciliar a una sociedad profundamente polarizada, lidiar con los cultivos de cocaína en su máximo histórico y una oleada de asesinatos de activistas sociales que pone en tela de juicio el relativo concepto de la anhelada paz en el país.
A mediodía dio inicio la ceremonia de toma de posesión, celebrada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante la presencia de 10 jefes de estado y las delegaciones de 17 países. La fecha no es casual. Cada 7 de agosto se conmemora la batalla de Boyacá, en la que Colombia obtuvo definitivamente su independencia de España. Hasta el país latinoamericano se desplazaron, en representación de nuestro país, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, y el presidente del PP, Pablo Casado, quien aprovechó para mantener encuentros bilaterales con los presidentes de Argentina, Chile y Honduras.
Economía saneada, con 'peros'
El nuevo presidente colombiano se ha rodeado de un gabinete de ministros formado en buena parte por jóvenes técnicos poco conocidos. El propio Duque cuenta con un corto recorrido político -apenas ha sido senador desde 2014- y tendrá que esforzarse para no ser visto como un títere del exdirigente Álvaro Uribe, quien le brindó su apoyo.
Pese a que Duque inicia su legislatura con condiciones económicas y financieras más favorables que las vividas en los últimos cuatro años como consecuencia de la crisis de los precios del petróleo, los analistas advierten de que Colombia necesita medidas adicionales que brinden mayores ingresos fiscales o recortes en el presupuesto para cumplir con los objetivos a medio plazo.
La economía está prácticamente saneada, el FMI espera para este año un alza del PIB del 2,7 por ciento, pero las agencias de calificación Fitch y Moody's ponen en duda la meta de situar el déficit por debajo del 2 por ciento. Desde el Fondo insisten en la necesidad de acometer reformas estructurales, como la de las pensiones, para generar los recursos adicionales que se requieren forzosamente para que el sistema sea viable. Aquí será clave la lucha contra la problemática de la informalidad laboral, otro de los grandes desafíos del Gobierno.
