La Policía Nacional ha desarrollado una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y en la que estaría implicada la filial del grupo Sacyr, Aplicaciones Gespol.
Entre los 39 detenidos están el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción y suspendido de militancia), el empresario investigado en 'Gürtel', José Luis Ulibarri, y la del jefe de Policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano además de cargos de PP y PSOE. 18 de los arrestados pasarán a disposición judicial: 13 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y otros cinco en el de Astorga. El resto quedarán en libertad.
La Fiscalía Anticorrupción y 580 agentes de la UDEF desarrollan la 'operación Enredadera' en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos. El juzgado de instrucción número 2 de Badalona ha declarado secretas las actuaciones.
Los 92 registros han afectado a los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet Del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés Del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva De La Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Además, el juzgado de Badalona que instruye el caso ha requerido documentación a la Diputación de Alicante y a los municipios de Mataró, Montgat, Pineda De Mar, Premià De Mar, Rubí, Aldea Del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent Del Raspeig y Vitoria. En total han sido 21 los requerimientos practicados en ayuntamientos, sociedades y despachos.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos, según recoge Europa Press.
La trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado. En el centro estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes. La empresa ha afirmado que colaborará en todo y de hecho ha abierto una investigación interna sobre el asunto.
El Ministerio Público ha hablado de "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar detalles de los mismos. En el pasado, ya investigó a Ulibarri, empresario castellano-leonés, por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en municipios como Boadilla del Monte (Madrid).
También ha sido arrestado José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.
Sacyr abre una investigación sobre la filial implicada en las presuntas contrataciones irregularidades
Por su parte, Sacyr ha abierto una investigación interna en Aplicaciones Geopol, la filial que está siendo investigada. Así lo anunció la compañía de construcción y servicios que, además, manifestó su disposición a colaborar con la Justicia "en todo lo que sea necesario para aclarar el caso".
"La compañía ha abierto una investigación interna para verificar que no ha habido actuaciones irregulares, en cuyo caso tomaría las medidas oportunas", asegura Sacyr en un comunicado. "El grupo también, como siempre, colaborará con la Justicia en todo lo que sea necesario para aclarar el caso", asevera, tras recordar que cuenta con un código de conducta "asumido por todos sus trabajadores".
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