El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quiere los privilegios que por ley le corresponderían como expresident y hace dos semanas inició los trámites para conseguir las prerrogativas que incluyen una oficina con personal, coche oficial y seguridad.
Este lunes, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha confirmado que el Ejecutivo catalán ya ha empezado a tramitar las demandas de Puigdemont. "Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad", ha dicho la también consellera de Presidencia, precisando que la primera prerrogativa que se pondrá en curso será la de la seguridad. Artadi ha aclarado que a través de los Mossos se escoltará al que fuera cabeza de la Generalitat.
La portavoz del Govern también ha asegurado se atenderá la petición de oficina de expresident con personal a su disposición y que el hecho de que Puigdemopnt, huido de la Justicia española, resida ahora en el extranjero no será un problema.
El 22 de junio Puigdemont presentó un escrito para acogerse a la ley catalana de 2003 que regula el acceso de los expresidentes a estos privilegios cuando acaba su mandato. La norma establece que tienen "el reconocimiento, la atención y el apoyo debido, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades ejercidas", según apunta Rac1.
La ley se aplicó por primera vez tras la Presidencia de 23 años de Jordi Pujol, que renunció a esas ventajas en 2014 tras el escándalo que provocó el dinero que había ocultado en Andorra. Fue tras esa confesión de Pujol cuando el Parlament modificó el estatuto de los expresidentes para incluir la posibilidad de retirar los beneficios a los expresidentes total o parcialmente si perdían "las condiciones de honorabilidad necesarias", como se recoge en la norma.
A esa modificación, el PP quiso añadir otro cambio para evitar que Puigdemont pudiera acogerse a ella por haber salido de España para no comparecer ante el Tribunal Supremo cuando le requirió explicaciones por el procés y dañar la honorabilidad que requiere el cargo. Pero el 6 de junio, la Cámara rechazó retirar las prerrogativas al expresident cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Puigdemont renunció a parte de las concesiones que le otorga esa ley como expresident: no recibe la asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual de su sueldo en el cargo la mitad de tiempo que ostentó el mismo y como mínimo una legislatura. La renuncia fue un acto para deslegitimar al Gobierno y a la intervención en Cataluña, antes de las elecciones del 21 de diciembre; Puigdemont se seguía reconociendo como president legítimo a pesar del 155.
Ahora, Puigdemont cobra el sueldo de diputado pero la suspensión que augura el procesamiento anunciado por el Tribunal Supremo la cúpula del procés pone en riesgo esa retribución porque serían suspendidos de sus cargos. En cualquier caso, debido a este estipendio que todavía recibe no ha solicitado remuneración por ser expresidente.
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