La Guardia Civil se ha personado este miércoles en tres ayuntamientos de Girona para recabar documentación en el marco de la investigación de la operación Aquarium sobre un supuesto delito de malversación por el fraude en la empresa de aguas Agissa (Aigües de Girona, Salt y Sarrià del Ter).
La investigación, que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Girona junto con la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo de arte de Santos Torroella.
Según ha informado este miércoles la Fiscalía en un comunicado, se investiga el posible uso de fondos públicos que pueden estar relacionados con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de Agissa -relativa al circuito del agua- o con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Girona, encabezado entonces por el expresidente catalán Carles Puigdemont. En esa época, el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, era alcalde de Sarrià del Ter
El fondo de arte del fallecido crítico de arte Rafael Santos Torroella incluye diez originales de Miró, nueve de Dalí, ocho de Tàpies, cinco de Picasso y obras de Nonell, Tharrats, Joan Ponç y Barrades, además de toda la biblioteca y el archivo personal de Santos Torroella, y fue adquirido en 2014.
Una colección de arte por 3,9 millones
En febrero de 2014, el Ayuntamiento de Girona aprobó la adquisición de la colección artística por 3,9 millones de euros, con los votos a favor del equipo de gobierno de CiU y del edil no adscrito Carles Palomares. De hecho, Puigdemont, tuvo que utilizar su voto de calidad para que se aprobara la compra, porque había grupos que estuvieron en contra al considerarla innecesaria.
Según fuentes de la investigación, las presuntas irregularidades se prolongaron durante más de una década, abarcando las Alcaldías de Girona de Joaquim Nadal, Anna Pagans y de Carles Puigdemont. De hecho, según varios medios, el expresident ha sido imputado por prevaricación y malversación.
Tras la operación policial del 19 de septiembre de 2017 en la ciudad de Girona, se intervino documentación de la que se infiere la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los responsables públicos de estos tres ayuntamientos, ha puntualizado la Fiscalía.
Denuncia de la CUP
La causa parte de una denuncia que la CUP presentó contra Piferrer, responsable de Girona SA -que gestionaba el agua en la ciudad desde 1976-, por un presunto delito de apropiación indebida, al percibir irregularidades en la gestión de Agissa, una empresa creada en 1993 con capital mixto: un 80% es privado, de Girona SA, y el 20% público -Girona, Salt y Sarrià de Ter-.
A partir de esta denuncia de la CUP, y tras una querella de la Fiscalía de Girona, el juez abrió una investigación a Piferrer por administración desleal, y luego también a Ballell.
Un informe de la Agencia Tributaria -en principio elaborado para el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3%, y que éste remitió al de Girona-aportó nuevas pruebas de supuestas irregularidades y Anticorrupción se hizo cargo de la investigación.
