Día de nervios, y por ende, día de patinazos. Así se estrenó el viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al anunciar el "gesto de negociación política" de Pedro Sánchez de culminar el levantamiento de los controles financieros de la Generalitat de Cataluña vinculados al artículo 155, dando instrucciones a los bancos para que el Govern de Quim Torra pueda ejercer los pagos sin someterse al control del Estado.
Lo que obvió la también ministra de Educación, o no alcanzó a explicar bien, es que dicho control decayó el día que dicho artículo se desvaneció; es decir, el sábado pasado, en el mismo instante en el que tenía lugar el nombramiento de los consellers, y en el que todavía el Ministerio de Hacienda estaba en funciones, y por tanto en manos de Cristóbal Montoro.
Las explicaciones titubeantes de la portavoz provocaron la inmediata reacción de los medios de comunicación sobre el fin de las supervisiones, intentando conocer si sus explicaciones llevaban implícitas también la eliminación del control mensual de las cuentas de la Generalitat, que puso en marcha Montoro en 2015, y que en principio ni PP ni PSOE pensaban retirar, al menos antes de la moción de censura. Poco más matizó sobre esto, solo que el Gobierno tiene controles para evitar que se desvíe dinero, y que tienen "confianza en que este gesto funcionará".
Desbordados por la falta de más argumentos y de los pocos detalles, Moncloa invitaba a los medios a esperar un informe técnico de la cartera que dirige desde el jueves María Jesús Montero. Y la respuesta se ralentizó hasta las seis de la tarde. En ese momento, los responsables del área de Hacienda volvían a hablar del "fin de los controles vinculados al artículo 155", pero esta vez añadiendo "la eliminación del control previo que tenía el ministerio a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat".
Supervisiones silenciadas
Pasadas unas horas tras el Consejo de Ministros, la confusión iba in crescendo. Porque el control de las cuentas de la Generalitat, previo a la aplicación del artículo 155, se ha ido ejerciendo de dos maneras distintas. La primera de ellas, además de la evidentemente ordinaria que se aplica a todas las comunidades, era la de una supervisión mensual de los gastos, con el requerimiento de cada una de las facturas. Aquella quedó instaurada en 2015. Fue en julio de 2017 cuando el control se redobló y pasó de un examen mensual a otro semanal, y que, por cierto, en algún momento se vio interrumpido por parte de Oriol Junqueras, responsable del área Económica. El objetivo era impedir que se destinaran fondos públicos al proceso soberanista que se celebró el 1 de octubre.
Un estreno de contradicciones
Pues bien, fue a última hora de la tarde cuando Hacienda reconoció que, en efecto, el control reforzado mensual, que estableció el Gobierno de Rajoy en noviembre de 2015, se mantiene. Y es que el caso de esta valoración mensual, fue fruto de un acuerdo de última hora entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pacto sobre el cual determinaron perseverar con este control, a pesar de que el 155 ya no estuviera vigente. En cuanto al control semanal, éste iba de manera inherente unido al 155, por lo que ni siquiera era necesario que el Gobierno de Sánchez anunciara su eliminación, ya que cayó también con la formación del nuevo Govern.
En respuesta a la ambigüedad gubernamental sobre esta primera decisión anunciada en el estreno del Consejo de Ministros, o Consejo de Gobierno como se empieza a acuñar desde el Gabinete de Pedro Sánchez, el viernes, la portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi, consideró en respuesta a Celaá que la intervención financiera "ya quedó levantada el sábado de la semana pasada, cuando los consejeros tomaron posesión del cargo y se puso fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Y para abundar con detalles plásticos, más tarde, el consejero Pere Aragonès añadió que la Generalitat "desde el lunes está haciendo los pagos directamente sin el control de Hacienda, ya que consideran que el decaimiento del 155 implicó la retirada de los controles financieros reforzados de septiembre de 2017" . Para ahondar en el desconcierto, Aragonés reclamó también la supervisión ligada al FLA de noviembre de 2015.
El Partido Popular, por su parte, pidió este viernes a Sánchez que detalle a la Cámara Baja cuál es su programa de Gobierno. Ciudadanos también solicitó lo mismo.
Sánchez y Torra ultiman una cita
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó el viernes con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el resto de presidentes autonómicos, a excepción del vasco, Íñigo Urkullu, y la balear, Francina Armengol, para poder cerrar próximamente reuniones y avanzar en el diálogo territorial. Así lo transmitieron fuentes gubernamentales, después de que la portavoz del Ejecutivo avanzase que Sánchez recibiría a todos los presidentes autonómicos y líderes de otros partidos para "normalizar institucionalmente el país". De esta forma, Sánchez inicia la ronda de conversaciones telefónicas prometida con los dirigentes de las comunidades autónomas para "fijar agenda" y reunirse posteriormente en La Moncloa.