Para lograr el acuerdo de investidura, Cristina Cifuentes hizo desaparecer el Consejo Consultivo que creó Esperanza Aguirre en 2008 y que premiaba con un sueldo vitalicio a los expresidentes de la Comunidad de Madrid por los servicios prestados. Disminuir privilegios manteniendo los honores era la idea del nuevo Gobierno, pero entre el montón de causas que ha ido acumulando el PP desde 2015 la publicación de un Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid se plantea como imposible.
La propuesta de creación nació tras el pacto entre PP y Ciudadanos (.pdf) para investir a Cifuentes en 2015. El texto del Estatuto contempla que los presidentes salientes mantengan durante dos años entre el 80 y el 90% del sueldo que recibían durante la legislatura, ampliable a tres años si repitió mandato.
Ni secretaria, ni despacho, ni chófer... El primer borrador ya estaba listo a mediados de 2016. A esas ideas que plasmaron en el papel PP y Cs sumaron PSOE y Podemos la de incompatibilidad, para evitar que los expresidentes pudieran percibir otro sueldo mientras mantuvieran esa retribución pública.
La estrategia para 'dignificar' a un expresidente en su salida venía en sustitución de un Consejo Consultivo que desde 2008 premiaba con 8.500 euros brutos o 5.500 netos, mensuales y vitalicios a quienes ostentaran el cargo y se apuntaran a una vida de trabajo ligero desde un despacho con secretaria en Gran Vía. Solo Aguirre, su impulsora, renunció a esta posibilidad. Joaquín Leguina, Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón sí se apuntaron.
Pero el pacto entre PP y Cs para investir a Cifuentes pasaba por eliminar esos privilegios. A finales de 2015, el Consejo Consultivo desapareció, perdiendo los expresidentes adscritos esos derechos y ganando las arcas de la región 2,3 millones de euros en ahorro por año.
Cifuentes no tenía prisa
El Estatuto de momento no ha visto la luz porque Cifuentes perdió la prisa por presentarlo. La perdió cuando las polémicas del PP afloraron. La gestión del Canal de Isabel II o la detención de Ignacio González justo cuando Ángel Garrido, actual presidente hasta 2019 y entonces mano derecha de la presidenta, intentaba restablecer los contactos con los grupos para sacar adelante el Estatuto frenaron en seco el debate.
Con la dimisión de Cifuentes, el lastre para ese estatuto que sí tienen otras autonomías es aún mayor. Aunque desde el PP reconocen a este medio que no ha sido la corrupción la que ha frenado su aprobación -ni el máster ni las cremas- y que está "totalmente paralizado" desde mucho antes porque los otros grupos "no han querido sentarse a hablar" o por intereses de partido, desde Ciudadanos el mensaje que llega es que es el propio PP el que lo tiene paralizado y del que depende la reactivación del plan que premia a los exmandatarios, opción que ahora se tiene como imposible por ambos lados.
