Los registros de la propiedad catalanes están recibiendo peticiones de información de propiedades de jueces, fiscales y políticos, entre otros profesionales, por parte de personas vinculadas a los movimientos reivindicativos independentistas, según ha podido saber elEconomista.
Estas solicitudes estarían relacionadas con la campaña de escraches contra el sector constitucionalista, que han ido promoviendo en los últimos meses entidades como Arran -juventudes vinculadas a la CUP- y los Comités de Defensa de la República (CDR).
Fuentes del sistema registral señalan que los registradores "siempre" reciben peticiones "no legítimas" relacionadas con "personas notorias", si bien en los últimos tiempos, debido a la judicialización del proceso independentista y la polarización política, se han detectado solicitudes sobre personal judicial y policial que han saltado a la agenda pública, y se han multiplicado sobre representantes políticos.
Sin embargo, estos requerimientos de información son rechazados por no cumplir con las finalidades estipuladas -deben estar relacionados con transacciones económicas o acciones judiciales- o por no identificar a la persona solicitante. Y es que, por ley, los propietarios tienen derecho a saber quién ha intentado obtener información sobre sus propiedades, si bien el registro no tiene la instrucción de avisar cuando detecta intentos sospechosos. "Si una petición da pie a entender que el interés no está justificado, se suspende; el control se hace con todas las solicitudes, pero con las personas notorias es especialmente exhaustivo", señalan las mismas fuentes.
Precisamente detrás de este veto se puede enmarcar el error de Arran cuando en marzo realizó pintadas en el pueblo gerundense de Das, en el que el juez Pablo Llarena tiene un chalet, pero la organización se equivocó de propiedad. Con todo, donde viven personas conocidas, es inevitable parar el boca oreja.
Así, en los últimos meses, los movimientos sociales partidarios de la independencia de Cataluña han ido dejando huella -principalmente en forma de pintadas con mayor o menor grado de intimidación, carteles y adhesivos- en lugares como el comercio de los padres del presidente de Cs, Albert Rivera, en Granollers (Barcelona). Los CDR también han acudido al domicilio del secretario de organización del PSC, Salvador Illa, en cuya fachada plasmaron la frase "ni olvido ni perdón" por el apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha supuesto la intervención de la administración autonómica catlana por parte del Gobierno central. Asimismo, el presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, recibió abucheos -que calificó de preparados- mientras paseaba por Badalona repartiendo rosas con motivo de la celebración de Sant Jordi.
Los CDR insisten en las redes sociales en que practican la resistencia no violenta, pero inciden en que "cuando la injusticia es ley, la desobediencia es un derecho", y que no hay suficientes prisiones para encarcelarles a todos.
