El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia por la que requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el "soporte objetivo concreto" de las declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.
Fue en una entrevista concedida hace dos días a El Mundo donde el ministro se jactó de que los independentistas no pudieron usar fondos públicos para organizar el referéndum, como hasta ahora ha sostenido la investigación judicial en curso.
En una providencia dictada este miércoles, el instructor señala que varios de los procesados han hecho referencia a esas declaraciones durante las declaraciones indagatorias que se han celebrado entre el lunes pasado y hoy para argumentar en contra de la existencia de un delito de malversación.
Dice el magistrado que "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros", fundamenta los alegatos de los procesados "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción".
Por su parte, los abogados de la acusación popular en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por el 'procés' soberanista en Cataluña, ejercida por Vox, han señalado este miércoles que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería dimitir si la instrucción demuestra que ha existido malversación de fondos públicos para pagar los gastos del referéndum ilegal.
"Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y también por su falta de control de fondos públicos", ha manifestado Ortega Smith al término de la diligencia judicial
Las palabras de Montoro llevaron a concluir al PDeCAT este martes que no se puede acusar de malversación de caudales públicos a los cargos independentistas procesados y a pedir al Gobierno la retirada de la euroorden que pesa sobre Carles Puigdemont. A su juicio, lo dicho por Montoro "desmonta las argumentaciones de Llarena acerca de malversación de fondos públicos", uno de los cargos de los autos de procesamiento a los líderes independentistas del anterior Govern.
