El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones, como medida cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad, y abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades".
Así lo ha anunciado el rector en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se ha celebrado esta misma mañana, donde también se ha decidido abrir un "expediente disciplinario" a Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes en el sistema informático de la Universidad.
Según consta en el informe de conclusiones (.pdf) de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica que ha presentado Ramos en el Consejo de Gobierno, donde se ha avanzado que prosigue la investigación, Álvarez Conde no ha entregado la información requerida por el rector de aportarle la memoria de actividades, gestión y las cuentas del Instituto de Derecho Público, organismo encargado del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico ahora puesto en tela de juicio.
En el Consejo de Gobierno también se ha adelantado el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad. El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.
Estas decisiones, aclara el comunicado emitido por la Universidad, son fruto de las conclusiones del Expediente de Información Reservada que la URJC abrió a raíz de las informaciones conocidas el pasado 21 de marzo, en relación al Acta de Evaluación del Trabajo Fin de Máster de Cifuentes.
Asimismo, la URJC ha recordado que "ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, ha procedido a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada que se había abierto y al traslado de toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal".
